El empleo informal aumenta comparativamente, mientras que el formal disminuye su partición en el mercado. Eso causa graves perjuicios a los patronos, a los trabajadores y al Estado. ¿Cuáles son esos problemas y cómo evitarlos? El diagnóstico es claro. Las soluciones son más difíciles de implementar.
Las cifras oficiales de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) revelan una preocupante tendencia decreciente en la generación de empleo formal en los últimos tres años. En febrero del 2012, la variación interanual de empleo formal alcanzó un 5,3%, pero empezó a descender paulatinamente y, a finales del año pasado, escasamente excedía el 1% interanual. En el 2014 se generaron 12.000 empleos formales, lo cual implica un retroceso, pues en el 2012 se habían registrado 35.000. Es una tendencia preocupante.
Los principales afectados con la informalidad son los propios trabajadores. Al no registrarse como asegurados en la CCSS, no tienen todos los beneficios directos e indirectos que ofrece esa institución y el Instituto Nacional de Seguros (INS), ni la plena protección del Código de Trabajo en materias como salario mínimo, preaviso, cesantía, vacaciones y aguinaldo. Al no cotizar para el régimen de invalidez, vejez y muerte, tampoco pueden aspirar a una pensión, cuando lleguen a la edad de jubilación, en las mismas condiciones de sus contrapartes del sector laboral formal. Se encuentran muy desprotegidos.
El Estado también sufre (doblemente) por el incremento de la informalidad. Se afecta a la CCSS por el menor número de asegurados formales y la consecuente merma en los ingresos por cotización obligatoria, y sufre el Ministerio de Hacienda al recibir menores recursos por las retenciones obligatorias al empleo formal. También padece indirectamente la población en general al disminuir los gastos en programas sociales de carácter asistencial.
¿Cuál es, entonces, la receta para combatir la informalidad? Como bien afirmó el ministro de Trabajo, Víctor Morales, “el trabajo formal es relevante porque brinda mejores oportunidades salariales y laborales, a la vez que genera mayores ingresos a la seguridad social y al fisco”. De ahí se desprende que el principal esfuerzo debe hacerse para incrementar las fuentes de trabajo en el sector privado, pues el Estado y sus instituciones, dada la precariedad fiscal, dejaron de ser los empleadores de última instancia.
El sector privado, sin embargo, no puede generar abundantes fuentes de empleo formal por el insuficiente crecimiento económico, tanto nacional como internacional. Las expectativas de expansión de la producción local son, más bien, modestas. Aunque el Banco Mundial se muestra optimista sobre las posibilidades de aumentar el crecimiento en este año y el próximo (entre 4,1% y 4,2%), el Banco Central de Costa Rica es más conservador y ubica las expectativas en alrededor de un 3,5%. La economía mundial tampoco impulsará vigorosamente las fuentes de empleo asociadas con las exportaciones, inversión extranjera y turismo, pues las expectativas de crecimiento, aunque han mejorado en EE. UU., no avanzan en importantes países que todavía no han logrado recuperarse de la crisis del 2007.
Hay, también, problemas internos asociados con la informalidad. El descontrol en inmigración, las elevadas cargas sociales, la desconfianza del sector privado en ciertas políticas oficiales, la excesiva lentitud en el trámite de permisos y la incertidumbre ante los crecientes problemas fiscales, que auguran aumentos de impuestos o incrementos en las tasas de interés para el financiamiento privado, ambos en detrimento de la rentabilidad. Todo eso genera desconfianza e inclina la balanza hacia la informalidad. El 60% de los empresarios, según sondeos de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (Uccaep), no tienen planeado crear fuentes de trabajo formal en el 2015.
De igual manera, la informalidad se genera por ciertas políticas públicas que hacen muy oneroso el trabajo formal. Una de ellas se relaciona con la inflexibilidad de la propia CCSS al exigir la contribución con base en un mínimo, muchas veces ficticio, en casos de trabajadores que solo laboran a tiempo parcial, lo cual es muy común en ciertos empleos como servicio doméstico, agrícola o fabril, según expusimos en detalle en un editorial anterior.
Finalmente, el empleo formal también ha sufrido, durante años, por la baja inversión pública. Si el Estado reformulara la composición de sus gastos, privilegiando la construcción de obra pública, por concesión o directamente, el empleo podría crecer mucho y, también, las fuentes directas e indirectas de trabajo formal. Es, sin duda, uno de los principales retos de la actual Administración. A riesgo de parecer insistentes, debemos recordarlo una y otra vez hasta que los planes existentes se conviertan en realidad.