EscucharLa Dirección General del Servicio Civil demostró la necesidad de aumentar el salario a unos 6.000 profesionales del Gobierno central, muy rezagados en relación con los empleados de similar categoría otras instituciones. La intención fue recortar el rezago, pero el objetivo no se logró y, de paso, se plantó la semilla del desajuste fiscal y del creciente déficit en las finanzas públicas.
Parece increíble, pero es verdad. Los salarios de aquellos 6.000 profesionales siguen hoy rezagados, no porque dejara de hacérseles el aumento aconsejado por el estudio, sino porque ese ajuste desencadenó aumentos para empleados de otras categorías hasta extender el beneficio a 96.000 funcionarios estatales.
Los 6.000 profesionales del Gobierno central estaban, según la medición, en el percentil 30. Es decir, el 70% de los empleados públicos ganaban más. Para llevarlos hasta el percentil 50, el Servicio Civil propuso un plan de ajuste a lo largo de tres años. El Gobierno aceptó y para julio del 2008 los profesionales ya estaban en el percentil 35, rumbo al 50 proyectado para enero del 2010.
Sin embargo, un decreto del 23 de mayo de 1990 ordena aplicar al Magisterio los aumentos y beneficios salariales otorgados a los 6.000 funcionarios cuyo rezago salarial motivó el estudio del Servicio Civil. Casi por arte de birlibirloque, los beneficiarios del ajuste salarial pasaron de 6.000 a 48.000.
Los enfermeros de la Caja no quisieron quedarse atrás y también recordaron la existencia de un artículo del Estatuto de Servicios de Enfermería, según el cual “todo reajuste, aumentos por costo de vida, ajuste técnico, revaloración o equiparación salarial que afecte la base de los licenciados en régimen de Servicio Civil, beneficiará, en igual medida, a los licenciados en enfermería”.
Así, dice el reportaje publicado el lunes por este diario, el número de beneficiarios subió a 51.000, pero se acortó la diferencia salarial entre médicos y enfermeros. Para restablecer el equilibrio, el beneficio salarial se les aplicó a unos 10.000 médicos. Luego, la Caja extendió los aumentos al resto de sus empleados, hasta elevar el número de beneficiados a 96.000.
Tanto la Caja como el Gobierno empeoraron la situación con una agresiva política de expansión de la planilla, cuyo número en la Caja aumentó en 11.000 plazas a lo largo de cinco años, entre el 2005 y el 2010, lo cual implica un alza del 88% en el rubro de salarios. En general, el Gobierno pasado creó unas 30.000 plazas, la mayoría justificadas como necesarias para evitar el desempleo en medio de la crisis de la economía mundial.
La política anticíclica de la administración Arias, en lugar de estimular la economía para conseguir la absorción de los desempleados, o desarrollar proyectos para contratarlos mientras la crisis azotara, echó mano del superávit existente en aquella época y abrió plazas para repartir. Así, creó un gasto permanente que hace mucho acabó con el superávit y hoy causa una importante porción del déficit fiscal.
Otras instituciones del sector público, en nada relacionadas con la cadena de aumentos, también se apresuraron a aplicar ajustes y los funcionarios del Servicio Civil relatan, casi entre risas, el constante asedio de diversas entidades estatales en busca del último pronunciamiento de la Dirección para ver en qué forma pueden aprovecharlo en su beneficio.
Como suprema ironía, es casi trágico señalar el fracaso de la tarea inicialmente asumida. Los 6.000 profesionales del Gobierno central hoy siguen rezagados, y su patrono conserva, en términos relativos, la misma falta de atractivo del pasado. Todos los demás se alejaron mediante la aplicación de los aumentos diseñados para introducir un mayor grado de justicia en el empleo público y darle al Gobierno mejores posibilidades de atraer talento.
El costo de ese fracaso está a la vista, entremezclado con el difícil panorama de las finanzas públicas.
