EscucharTodos los esfuerzos desplegados para involucrar al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) en la construcción de obra pública corren el velo de una verdad muchas veces repetida: a la institución le sobra personal y no sabe qué hacer con él. La planilla es ruinosa y hay sectores interesados en mantenerla intacta, a costa del erario.
El último intento es un proyecto de ley con dictamen afirmativo de comisión. Su autor, el diputado Fabricio Alvarado, defiende la iniciativa porque no obliga a las entidades públicas a contratar al ICE ni tampoco a la institución a aceptar sus ofertas. “Todo depende de que pueda hacerlo y tenga disponibilidad”, dice el legislador.
La disponibilidad del ICE es bien conocida. Cuando el gobierno anunció la intención de involucrarlo en el desarrollo de obra pública, recibió la noticia con satisfacción y salió en defensa de su cuestionada eficiencia. La Procuraduría General de la República emitió un dictamen para aclarar la imposibilidad legal de emplear al ICE en labores alejadas de la misión definida por su ley constitutiva, pero eso no impidió la continuidad de un contrato con el Ministerio de Obras Públicas y Transporte para ejercer la supervisión de la carretera a San Carlos. Entonces, intervino la Contraloría para ordenar al Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) separar al ICE de esas funciones, totalmente ajenas a su competencia.
El proyecto de ley del diputado Alvarado pretende despejar el camino y cuenta con el apoyo entusiasta de al menos parte de la bancada liberacionista. En un comunicado de prensa, los verdiblancos celebran el dictamen afirmativo y, acto seguido, explicaron: “Esto implica que el ICE ponga a disposición del país los recursos humanos, logísticos, técnicos y gerenciales calificados que, en lo fundamental, no forman parte de sus operaciones cotidianas, así como su aprendizaje acumulado en materia de desarrollo de grandes obras infraestructurales, de tal suerte que, en el tanto la institución tenga esos recursos ociosos, los pueda utilizar para contribuir en la construcción de infraestructura pública que nuestro país tanto lo necesita”.
Es decir, el ICE tiene recursos ociosos que en lo fundamental no forman parte de sus operaciones cotidianas. En lugar de recortarlos, los liberacionistas proponen darles uso pese a la larga cadena de traspiés de la institución en proyectos propios de sus funciones. A juzgar por los antecedentes, las carreteras construidas por el ICE saldrán muy caras.
La discusión sobre la capacidad del ICE para participar en la construcción de obra pública fue precedida por el anuncio de la estrategia corporativa del cuatrienio 2014-2018, que incorpora la venta de servicios de construcción en Centroamérica y el Caribe para obtener “ingresos frescos”.
En ese momento, Randall Retana, asesor de la presidencia ejecutiva, señaló la disponibilidad de un departamento de 1.200 empleados para sacar adelante los proyectos. Cuando se le cuestionó tal cantidad de empleados disponibles, aseguró que en ese momento estaban siendo aprovechados “al 100%”. Entonces se le preguntó cómo emprenderían las grandes obras en el extranjero si el personal disponible labora al 100% en el país. Sin inmutarse, el funcionario respondió que es cuestión de planificar mejor el tiempo.
La respuesta es una nueva confesión de la ineficiencia y el desperdicio a cargo del bolsillo de los costarricenses. Un editorial de este diario en esa época preguntó: ¿Por qué no se planificó mejor el tiempo en el pasado, no para construir en el extranjero, sino para ahorrarle al país un enorme gasto en planillas? ¿Durante cuántos años costeamos los costarricenses esas planillas, hasta ahora innecesarias, porque solo existen para paliar la ineficiencia nacida de la mala planificación del tiempo? ¿En cuáles otros departamentos del ICE podrían aprovecharse más los recursos con mejor planificación y qué hará la institución con la planilla innecesaria si no puede vender sus servicios en el extranjero?
Las preguntas vuelven a cobrar vigor ahora que el diputado Alvarado y sus colegas liberacionistas plantean la incursión del ICE en el desarrollo de obra pública siempre que tenga “disponibilidad”. La Asamblea Legislativa debería, más bien, investigar las razones de tanta disponibilidad y librar al país de una empresa constructora pública, porque ya hubo experiencia con el Estado empresario y las consecuencias fueron catastróficas.
