EscucharLa Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) deberá disponer de unos ¢6.000 millones para pagar, retroactivamente, un 3 % adicional a la contribución patronal al fondo de ahorro de empleados acordado en la convención colectiva del 2002.
Hasta ese año, la entidad aportaba un 5 % de los salarios al fondo, pero los administradores cedieron a la exigencia sindical de elevar el porcentaje al 8 %. La cláusula estuvo vigente hasta la derogatoria en el 2016, pero el aumento del 3 % nunca fue pagado porque la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) rechazó el ajuste de tarifas requerido para enfrentar el gasto y no había otra forma de lograrlo.
En suma, se negoció elevar el costo de la planilla de una institución con dificultades financieras y un futuro incierto hasta el irracional porcentaje del 8 % sin contar con los recursos para hacerle frente y con irresponsable confianza en un futuro aumento tarifario para los servicios del principal puerto del país. El costo se agregó a la larga lista de beneficios adicionales acordados con Sintrajap, sindicato de la entidad portuaria.
La demanda de la organización laboral transitó, a lo largo de una década, por los tribunales de trabajo, la Sala Segunda y, por último, la Sala Constitucional. De camino, las cuentas bancarias de la institución fueron embargadas y la falta de acceso a los fondos agravó su situación financiera por la imposibilidad de continuar el proceso de reestructuración iniciado para reducir la planilla a 275 personas y tener la posibilidad de alcanzar el punto de equilibrio operativo.
En tres años, Japdeva fue objeto de dos rescates financieros por ¢55.000 millones y a setiembre del 2022 arrastraba pérdidas por ¢7.665 millones y mantenía 353 personas en planilla, cifra que al final del proceso de reestructuración debe quedar en 275 para llegar a un punto de equilibrio operativo.
No obstante los monumentales programas de rescate, la presidenta ejecutiva, Sucy Wing, aseveró ante los diputados de Limón, en noviembre, que el puerto de Moín “literalmente se está cayendo” y los estudios financieros revelan pérdidas acumuladas de ¢7.665 millones, una suma no muy alejada de los casi ¢6.000 millones necesarios para cumplir la sentencia firme.
Entre los administradores complacientes, el sindicato voraz y la indiferencia de sucesivos gobiernos, el costo de mantener a Japdeva con vida sobrepasó todo parámetro de racionalidad, pero este último golpe llama a reflexionar sobre los abusos de las convenciones colectivas y la bondad de las reformas aprobadas por la Asamblea Legislativa en la administración Alvarado.
La reflexión es necesaria para no dar marcha atrás. La Ley Marco de Empleo Público permite a las instituciones denunciar las convenciones colectivas a su vencimiento y, al renegociar, les impide variar salarios o remuneraciones y modificar los componentes de la columna salarial global. Tampoco es posible crear incentivos, compensaciones o pluses salariales, ni comprometerse a efectuar erogaciones adicionales con afectación del presupuesto nacional o de una institución pública mediante gastos no ajustados a los principios de razonabilidad y proporcionalidad.
Si esas disposiciones hubieran estado vigentes en el 2022, Japdeva estaría en mejores condiciones, se habría ahorrado los ¢6.000 millones, no le habrían faltado recursos para completar la reestructuración y contaría desde hace años con los saludables resultados financieros esperados de ella. Todo esto sin considerar otros gastos carentes de racionalidad, comúnmente incorporados a los acuerdos entre instituciones y sindicatos. En tres años, la Sala Constitucional eliminó 83 artículos de 34 convenciones colectivas por desproporcionados e irracionales. Esos beneficios se pagaron durante mucho tiempo, pero el dinero es irrecuperable.
