EscucharCosta Rica mantiene una abultada deuda con su población juvenil en áreas sensibles como la generación de oportunidades de empleo, la educación competitiva y la prevención del embarazo adolescente. Pero no son menos importantes la promoción de hábitos saludables, la recreación y el deporte, así como la atención de las adicciones, los problemas alimenticios y el combate del matonismo ( bullying ), que afecta al menos a una cuarta parte de los escolares.
Los 800.000 jóvenes del país solo cuentan con ocho servicios especializados en hospitales nacionales y clínicas periféricas, a pesar del Plan de Salud Estratégico para las Personas Adolescentes 2010-2018, que no ha sido puesto en práctica por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
La ausencia de una red de asistencia cobra relieve a la luz de las constantes amenazas que sufre esta población. Un reportaje de La Nación da cuenta del peligroso crecimiento del matonismo y de otras formas de violencia, en el entorno escolar, familiar y comunal, y de su impacto en el suicidio juvenil. Aunque en Costa Rica ya ha habido casos de niños de cinco años que atentaron contra su vida, el grupo más vulnerable va de los 15 a los 24 años.
Entre el 2010 y el 2013 se contabilizaron 21 suicidios en este rango etáreo, como consecuencia del matonismo escolar. Este es uno de los principales disparadores de la depresión, que a su vez es la primera causa de enfermedad para los menores de edad. Durante los primeros meses del 2014, siete niños de entre 10 y 14 años intentaron quitarse la vida.
De acuerdo con numerosos estudios, el matonismo, el embarazo y la desatención institucional son los principales problemas que aquejan a los adolescentes latinoamericanos. El bullying es cada vez más frecuente en nuestras aulas, aunque, según el Ministerio de Educación Pública (MEP), también la tendencia de los estudiantes a romper el silencio cómplice y denunciar las situaciones de las que son víctimas ellos o sus compañeros.
Pero aún persiste un alto componente de desinformación en los jóvenes, que ignoran no solo que tienen derechos y la forma de ejercerlos, sino también ante quiénes deben interponer las denuncias, en el caso del matonismo escolar, o cómo solicitar ayuda, si sufren de depresión, anorexia o bulimia, entre otros trastornos frecuentes. Fuera de la Gran Área Metropolitana (GAM) y en las costas, donde se concentra la pobreza juvenil, esta situación es mucho más grave por el limitado acceso a los servicios de salud y la precariedad de las condiciones de vida.
El año pasado, 4.200 costarricenses de entre 10 y 20 años sufrieron de depresión, lo cual representa un 10% de la población atendida. A pesar de esta alta proporción, el único departamento que ofrece una consulta integral en el país es la Clínica del Adolescente del Hospital Nacional de Niños (HNN). Sin embargo, este servicio no atiende a pacientes mayores de 12 años, aunque sean casos graves, como intentos de suicidio.
El director de la unidad, Alberto Morales, objeta las limitaciones institucionales, la desaparición del centenar de clínicas dedicadas a la adolescencia –que operaron en la década de 1990–, las dificultades de acceso a los Ebáis para los jóvenes y la ausencia de una política de salud mental. Según afirmó: “… la depresión no se resuelve solo con dar una pastillita a los muchachos. Se necesita un enfoque integral con psicólogos y enfermeros, trabajo social y hasta nutrición”.
Hace un lustro, el país invirtió recursos propios y de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en el Plan Estratégico para las Personas Adolescentes 2010-2018. Este año, el Ministerio de Salud creó la Secretaría de Salud Mental y anunció que implementaría un proyecto para crear unidades interdisciplinarias en los Ebáis. Es evidente que el Estado reacciona con lentitud e indolencia ante las necesidades de la población juvenil, sin prever que, con ello, alienta las enfermedades futuras.
