EscucharNayib Bukele y El Salvador ofrecen una invaluable lección a la democracia costarricense. No es sobre la forma de enfrentar la delincuencia y recobrar la seguridad ciudadana. El gobierno de Bukele primero probó la negociación con las pandillas responsables de elevar el número de homicidios hasta niveles intolerables y, cuando esa estrategia fracasó, declaró el estado de emergencia e inició una política de encarcelamiento masivo.
El número de homicidios se redujo, pero también la solidez de las instituciones democráticas y el respeto a los derechos humanos. A las cárceles han ido a dar cientos de inocentes y el país es blanco de críticas por el maltrato de los detenidos. Por otra parte, hay dudas de la sostenibilidad de la política represiva en el tiempo.
La lección de Bukele y los salvadoreños es sobre la relación entre la seguridad ciudadana y la preservación de la democracia. El hastío de la población con las maras, sus fuegos cruzados, sus asesinatos sin provocación, sus cobros extorsivos y su dominio de espacios públicos destinados a mejores causas erosionó el apoyo a las libertades civiles, los derechos humanos y la gobernanza democrática.
Un gobierno de mano dura es mejor que el de las maras, razonan las víctimas, y si el precio a pagar es el autoritarismo, la sumisión del poder legislativo y el judicial, la suspensión indefinida de garantías y el atropello a los derechos humanos, bien vale la pena. Las renuncias son enormes, pero no es difícil entenderlas cuando se contempla la alternativa: una vida de sumisión y temor permanente impuesta por la delincuencia.
El éxito de Bukele consiste en haberlo comprendido. El respaldo de los salvadoreños a sus políticas de seguridad no admite duda y se rebalsa hacia otros ámbitos donde su gestión siembra futuras tempestades económicas y sociales. En los mercados internacionales hay dudas sobre la capacidad de El Salvador de honrar su deuda soberana y fuertes críticas por el capricho de adoptar el bitcóin como moneda de curso legal, con la inversión de decenas de millones de dólares. La economía crece a un ritmo modesto, la corrupción es constante y la prensa objeto de persecución.
Pocos se fijan en esos factores porque la represión de las maras concentra el interés y el agradecimiento. Quienes señalan las consecuencias futuras del descuido de la economía y la desaparición de las instituciones democráticas se estrellan contra el muro de la popularidad coyuntural, construida con mano dura.
Esa es la lección para Costa Rica. La subsistencia de la democracia también se juega en el campo de la seguridad ciudadana. Si las instituciones democráticas dejan de garantizarla, la población, exasperada, puede buscar una alternativa y nunca faltarán políticos dispuestos a ofrecerla, al precio del autoritarismo y la renuncia a las libertades fundamentales.
Nuestra edición del sábado dio cuenta de los cobros extorsivos ejecutados por pandillas en los barrios del sur de San José. Un asesinato en el Atlántico fue descrito, por sus características e informaciones en manos de la Policía, como señal del surgimiento de un “megacartel” nacional y el primer semestre del año impuso un nuevo récord de homicidios.
Quizá el ejemplo de Bukele ayude a comprender el papel de la seguridad ciudadana en la defensa de la democracia y el riesgo de desplazarla al segundo plano. El Estado democrático puede controlar la delincuencia, pero necesita medios acordes con el tamaño y la modalidad de la amenaza. Es preciso encontrar los recursos entre los gastos superfluos y los programas cuestionables. Si eso no basta, podría hacer falta generar más, pero es indispensable dejar de lado prejuicios para entender que la inversión en seguridad es inversión en democracia.
