EscucharLos matrimonios fingidos para obtener la nacionalidad costarricense exponen a la sociedad a graves riesgos y constituyen una burla, en un solo acto, a dos instituciones de capital importancia. La trascendencia de la unión reconocida por el Estado y la de la nacionalidad misma no deja espacio para la tolerancia del fraude. Es preciso impedirlo, descubrirlo cuando se da y perseguir a sus autores, incluidos los notarios que celebren el acto matrimonial con conocimiento de los malos propósitos.
El inventario de figuras cuestionables con ciudadanía costarricense en virtud de un enlace fingido, ya se hace extenso. El engaño frecuentemente se ejecuta mediante el uso de un poder otorgado para celebrar el matrimonio aquí o en el extranjero, pero el descaro llega hasta la falsa acreditación de la presencia de unos de los contrayentes en el país donde se concreta la unión.
Sin traspasar las fronteras ni conocer jamás al cónyuge, muchos nacionales se han prestado para la farsa a cambio de una suma de dinero y, en algunos casos, la promesa de un rápido divorcio. El respeto a las formas mantuvo al país durante demasiado tiempo indefenso, pero la situación empieza a cambiar.
La Procuraduría General de la República ya logró la anulación de ocho matrimonios en los juzgados de familia y está en camino de anular las naturalizaciones obtenidas a partir de la falsificación de un requisito tan elemental. Otros 221 casos están bajo investigación.
Sorprende, sin embargo, la facilidad con que se descubren los fraudes y, en vista de ella, la pasividad de las autoridades hasta ahora. Según Luis Guillermo Chinchilla, director a.í. del Registro Civil, cuando abren un trámite de naturalización por matrimonio, llaman al cónyuge costarricense y, muchas veces, la persona niega el vínculo o confiesa el engaño. Entonces, el Registro levanta un acta y se la presenta a la Procuraduría para lo de su cargo.
Quizá habría hecho falta algo más que una llamada, pero no mucho más, para saber que la cónyuge de un extranjero involucrado en un escándalo reciente recibió ¢200.000 por acceder al enlace. La contrayente, una vendedora de empanadas, se mostró muy dispuesta a decir la verdad apenas fue localizada. Quizá la humilde mujer carezca de número telefónico y no pudo ser localizada por medios tan expeditos, pero encontrarla no fue difícil. Lo malo es que se hizo a posteriori, cuando el extranjero ya gozaba de nuestra nacionalidad y había conseguido asociar el nombre del país con la red de lavado de divisas más grande de la historia.
En otro caso reciente, la documentación habría bastado para olfatear una irregularidad. La cónyuge costarricense jamás ha salido del país, pero el matrimonio fue celebrado en Colombia. Constatar la anomalía es tan fácil como solicitar el registro de ingresos y salidas de la Dirección General de Migración y Extranjería para hacer una primera y elemental verificación del contenido del acta matrimonial. De nuevo en este caso, el problema fue identificado cuando el hombre ya había adquirido la nacionalidad y se había hecho notar por su relación con un escándalo.
El tema ha llegado a conocimiento de la Sala Constitucional cuyos fallos crearon, momentáneamente, algo de confusión. En un caso, los magistrados ordenaron reconocer las uniones celebradas mediante el otorgamiento de poderes, pero otras resoluciones pronto dejaron establecida la facultad estatal de exigir la demostración de convivencia conyugal y la posibilidad de anular un matrimonio fingido.
La Procuraduría dice haber construido su tesis sobre la nulidad de los llamados matrimonios por conveniencia a partir de una sentencia emitida por la Sala IV en el 2008. Sin embargo, los dos ejemplos citados corresponden a matrimonios celebrados en el 2010 y el 2011. Nadie, por lo visto, hizo las comprobaciones necesarias, aunque pocas habrían sido suficientes.
