EscucharEl Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme) de la Universidad de Costa Rica es una institución de control indispensable en el área de infraestructura. La necesidad de su función supervisora está acreditada por la experiencia de décadas y, en fecha reciente, por el caso Cochinilla.
La entidad sigue en funcionamiento gracias a un presupuesto extraordinario aprobado por la Asamblea Legislativa, pero se verá a las puertas del cierre técnico si se concreta el plan del gobierno de recortar el 47 % de su presupuesto, dice Rolando Castillo, director del laboratorio, bien establecido como autoridad en su campo. “Solo vamos a aguantar seis meses”, afirmó.
Son tiempos de rigor presupuestario, pero dejar de invertir en la fiscalización de las obras públicas puede salir mucho más caro. Hay lugar para restringir el gasto en otras áreas y no en una donde la necesidad de un inspector independiente es tan obvia por razones de costos, calidad y, sobre todo, seguridad.
La semana pasada, por ejemplo, el Lanamme emitió un informe sobre las deficiencias de las medidas tomadas por el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) para asegurar el paso por el cerro Cambronero, entre San Ramón y Esparza, donde un desprendimiento de materiales arrastró un autobús por la pendiente el año pasado, con el trágico resultado de nueve muertes y decenas de heridos.
Según el Lanamme, la protección de taludes y el manejo de aguas todavía no son adecuados y podrían poner en riesgo a los usuarios de la vía, reducir la vida útil de las obras y elevar los costos del mantenimiento. La inspección es un ejemplo inmejorable de la utilidad y propósito del Lanamme.
En declaraciones a la prensa, Mauricio Batalla, director ejecutivo del Conavi, criticó el informe sin refutar puntualmente sus observaciones. Más bien, reclamó la realización de fiscalizaciones sin considerar los recursos a disposición del gobierno y la “desconexión” del personal del laboratorio con la realidad. Según el funcionario, la entidad desempeña un papel “académico”, ajeno a las dificultades de “la práctica”. La entidad, dijo, no debería limitarse a revisar obras concluidas, sino también a participar, junto con el gobierno, en las etapas previas.
El director del Lanamme defendió la experiencia práctica del personal del laboratorio y respondió a la crítica con un argumento irrefutable: los parámetros técnicos para evaluar la calidad de las obras no pueden ajustarse a las dificultades presupuestarias de la administración. En otras palabras, los criterios de evaluación de la calidad y seguridad son objetivos. Responden a la ciencia y a la técnica, no al presupuesto disponible para construir las obras. La obligación del Lanamme es rendir informe sobre el trabajo realizado de conformidad con esos parámetros.
Por otra parte, si el Lanamme participara en las etapas iniciales de las obras, se desnaturalizaría su función porque sería copartícipe del objeto de la inspección. En ese caso, podría ser necesario nombrar otro auditor, lo cual carece de sentido. La función de supervisión siempre es ingrata y pocas veces bienvenida por los supervisados, pero solo es útil si se ejerce con independencia.
El ahorro en Lanamme puede salir caro y la administración debe cuidarse de permitir que el momento de estrechez presupuestaria debilite a sus auditores. Por el contrario, una supervisión diligente puede evitar futuras responsabilidades. Es preciso entenderla como una aliada del desarrollo y la buena administración de los recursos públicos. Sin ella, es fácil perder el rumbo.
