EscucharLa población costarricense envejece, el 27 % de los adultos mayores está sumido en la pobreza y el 40 % no goza de una pensión. En esas tres afirmaciones hay argumentos suficientes para examinar la creación de una pensión básica universal como la adoptada por países europeos y latinoamericanos.
La idea ha venido madurando y ya hay varias propuestas para servir de base a la discusión. El ministro de Hacienda, Nogui Acosta, propone eliminar la contribución del Estado a los fondos de pensión básicos y usar el dinero para jubilar a quienes no tienen posibilidad de acogerse a uno de esos regímenes. El 1,57 % pagado por el Estado sobre la masa salarial de cada régimen es un monto muy considerable.
En el 2022, la contribución estatal ascendió a ¢153.345 millones, de los cuales el 85 % se trasladó al IVM porque cuenta con la mayor cantidad de cotizantes (1,7 millones). En el magisterio nacional hay 105.676 docentes y, en el Poder Judicial, 13.500 funcionarios. Según los administradores del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social, el Régimen de Capitalización Colectiva del Magisterio Nacional y el Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, la medida causaría peligrosos desequilibrios financieros.
No obstante, Acosta señala la necesidad de revisar la contribución porcentual aplicada sin importar el monto del salario y la injusticia de privilegiar a los trabajadores del sector formal, especialmente a los empleados públicos. En la informalidad, donde no existe la posibilidad de una pensión, las condiciones de empleo suelen ser precarias y, luego de una vida de esfuerzo, el trabajador se encuentra con las manos vacías.
La superintendenta de pensiones, Rocío Aguilar Montoya, también impulsa un plan de pensión básica universal, pero no está de acuerdo con suprimir, por completo, el aporte estatal a los tres regímenes básicos. Propugna una solución intermedia, consistente en destinar al nuevo régimen una parte de la contribución estatal sin dejar de contribuir a los otros tres regímenes, que ya no recibirían un porcentaje de los salarios sino un monto fijo.
Hecha esa transformación, el dinero restante de la contribución estatal iría a parar en el nuevo régimen. El cambio implicaría ajustes en los sistemas existentes, dice la superintendenta, quien los considera factibles, pues es un asunto de diseño. “Nada está escrito en piedra y es una de las opciones en construcción”, afirmó.
El presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias Sánchez, también presentó un proyecto de ley para crear la pensión básica universal. El beneficio alcanzaría a todos los adultos mayores, costarricenses o residentes en el país por un período de, como mínimo, 40 años. La propuesta también recurre a una parte de los aportes estatales a los regímenes básicos, pero añade otras cuatro fuentes de financiamiento: un 15 % de las utilidades netas anuales de nueve empresas estatales, una parte de las retenciones hechas a los pensionados de lujo, los fondos del Régimen No Contributivo y el 50 % de los aportes patronales al Banco Popular y de Desarrollo Comunal.
La pensión básica universal garantizaría un ingreso mínimo a todas las personas durante la vejez, pero está en discusión si el monto equivaldría al de una pensión del Régimen No Contributivo o si se fijaría a partir de la suma utilizada para delimitar la línea de pobreza. En los países donde existe, es un sistema de reparto, sin fondo de reserva.
Hay espacio para acomodos y ajustes entre las diversas propuestas, pero el drama de la vejez desvalida exige apurar las soluciones. En el 2022, había 189.373 personas de 65 años o más en condición de pobreza. Ninguna de ellas merece el olvido.
