Repensar las juntas de educación

Las juntas son cuidadosamente reglamentadas porque canalizan significativos caudales públicos para pagar servicios, mantenimiento, alimentación, suministros de oficina y artículos de limpieza, entre otros. En el caso de los 16 centros educativos donde las seis familias ocupan puestos, los presupuestos del 2022 llegan hasta ¢193 millones.

Diego Miranda Méndez, regidor de la Coalición Juntos San José, denunció el hecho ante el Ministerio Público, cuyos agentes investigan la posible comisión del delito de nombramientos ilegales, pero, más allá de esa posibilidad, no cabe duda del sustento de su queja por la “dinámica nociva” causada por la concentración de los cargos en pocas manos y el atentando contra la democratización de las juntas, cuya creación se justificó por la necesidad de dar a las comunidades participación en el manejo de los centros educativos.

Ulises Alexánder Cano Castro, presidente del Concejo cuando se dieron los nombramientos, dijo carecer de medios para identificar las relaciones de parentesco y señaló la existencia de un formulario donde los aspirantes deben firmar una declaración jurada para acreditar su idoneidad y la ausencia de impedimentos. Sin embargo, hay designaciones especialmente llamativas, como la del matrimonio nombrado sin siquiera figurar en la terna propuesta por el centro educativo. Otros seis de los 15 casos estudiados también lograron ocupar los puestos sin integrar las ternas y sin que se supiera quién los proponía. Lo mismo sucedió con 61 nombramientos más, hechos con base en “ternas comunales”, inexistentes en la ley.

Una funcionaria del departamento de recolección de residuos de la Municipalidad fue designada en cuatro juntas en los últimos cuatro años. Todavía permanece en tres, dos de ellas ubicadas en el paseo Colón, aunque ella es vecina de Zapote. Un hermano de la funcionaria es miembro de la Junta Administrativa del Liceo de Costa Rica sin haber integrado las ternas enviadas por el colegio.

La Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción investiga la contratación, en ese liceo, de 60 desayunos por casi ¢1 millón, en agosto del 2021, a una empresa de familiares de la secretaria de la Junta. También, examina otras compras, por ¢6,8 millones, a empresas de otros allegados.

El caso de la Municipalidad de San José recuerda la necesidad de revisar las deficiencias detectadas hace dos años en las juntas de educación por la Contraloría General de la República. Un informe de esa entidad las señaló como “cajas negras”, donde se pierden de vista grandes sumas de dinero. En el 2019, las 4.554 juntas recibieron ¢289.530 millones en transferencias del presupuesto nacional, es decir, un 0,8% del producto interno bruto (PIB). También obtienen el 10% del impuesto sobre bienes inmuebles recaudado por los gobiernos locales.

Según la Contraloría, una muestra de 1.441 juntas evidenció diferencias de hasta ¢211 millones en los ingresos, egresos y registros auxiliares requeridos para identificar la fuente de los recursos. En consecuencia, es posible rastrear solo los fondos recibidos del Gobierno Central, sin posibilidad de determinar su eficaz ejecución. La Contraloría encontró 42 juntas con más de 5 cuentas bancarias y una tiene 57.

Abundan las oportunidades para desviarse de los mejores propósitos de las juntas, sobre todo, si no se les nombra en apego estricto a la ley. Las sumas involucradas y su destino exigen un riguroso control, pero el desorden constatado por la Contraloría y las dudas surgidas en el propio Ministerio de Educación, donde se decidió participar más de cerca en el desarrollo de infraestructura por insatisfacción con las gestiones de las juntas, más bien llaman a reconsiderar el modelo.