EscucharEn el 2013, hubo 294 muertos en carretera. Desde entonces, el número viene en aumento y ni siquiera las restricciones al desplazamiento impuestas en el 2020 para combatir la pandemia de covid-19 lo redujeron. El año de encierro concluyó con 300 víctimas. En el 2014, la tasa de mortalidad por cada 100.000 habitantes (muertes en el sitio del accidente) fue de 7,65 (365 fallecidos). El año pasado alcanzó 9,3 por cada 100.000 (485 fallecidos). Este año, el número ya ronda 240.
La peligrosidad de las carreteras nacionales es reconocida por propios y extraños, comenzando por la Policía de Tránsito, cuyo sindicato remitió un informe a las autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) donde describe una “situación dramática” que “en muchos casos, se vuelve caótica”.
Además de los muertos, el año pasado hubo 12.849 heridos en carretera y los oficiales atendieron 67.883 accidentes, es decir, 186 al día. Los números hablan del fracaso de la ley de tránsito aprobada justo en el 2012, con drásticas sanciones para la conducción imprudente. La ley era indispensable para renovar a su antecesora, superada por el paso del tiempo, pero dista de ser la solución esperada.
Los números lo prueban y el sindicato de oficiales de Tránsito tiene la explicación. No obstante el aumento en el parque vehicular, la infraestructura, la población y la siniestralidad, nuestro país es de los pocos que redujeron drásticamente el número de oficiales de tránsito. En los últimos diez años, la planilla cayó de 1.043 oficiales a 694, es decir, un 30 % de reducción.
En el 2012, cuando se aprobó la ley de tránsito, el país contaba con un oficial por cada 144 kilómetros de carretera. Hoy, la relación es de 1 por cada 255 kilómetros, pero ya en aquel año el director de Tránsito Diego Herrera lamentaba tener pocos oficiales y el sindicato pugnaba por la contratación de 2.000 más.
Si los 694 policías disponibles en la actualidad salieran juntos a la calle, serían insuficientes para vigilar los 32.075 kilómetros de carreteras existentes, pero en un día cualquiera, el 15 % de ellos está ausente por vacaciones, incapacidades y otros motivos. De los 590 restantes, un par de centenares deben dedicarse a labores administrativas y, al final, cada turno de 8 horas se atiende con 126 oficiales.
Colisiones sin importancia, sin heridos ni grandes pérdidas materiales, consumen buena parte del tiempo de esos policías y, a fin de cuentas, la ley de tránsito no tiene quien la aplique. La “situación dramática” que “en muchos casos, se vuelve caótica”, según el informe del sindicato, es producto de ese vacío.
Según Joselito Ureña Vega, secretario general de la Unión Nacional de Oficiales de Tránsito y Afines, la reducción se debe a la falta de reposición de los jubilados y la fuga de agentes hacia otros cuerpos policiales, pero, en todo caso, nunca hubo suficientes, como indican las declaraciones del 2012.
El país tampoco ha logrado avanzar en la utilización de vigilancia electrónica. Luego de muchos intentos, la prometida instalación de cámaras quedó en el olvido. El marchamo digital podría ayudar, si supera los cuestionamientos planteados por diversos sectores, pero nada sustituirá al personal en el futuro inmediato. Esa carencia tampoco la han aliviado las policías municipales, pese a los programas lanzados con ese propósito.
Contemplamos, con alarma, la desbocada cifra de homicidios. No obstante, pocas veces recordamos que los muertos en carretera rivalizan en número con los asesinatos. Los 485 fallecidos el año pasado no incluyen a quienes expiraron a consecuencia del accidente, mas no en el lugar donde ocurrió. Para frenar la matanza, es necesario fortalecer a la Policía de Tránsito y ejecutar las demás medidas propuestas a lo largo de los años.
