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En los últimos días, algunos sectores nacionales se han conmocionado con la noticia de la compra de armas que, por valor de mil millones de colones, hará el Gobierno de la República a través del Ministerio de Seguridad Pública. Una inversión semejante justifica una amplia explicación a los ciudadanos de un país sin ejército; por lo que nos parece fuera de todo sentido común, declarar este asunto como secreto de Estado, para así evadir las responsabilidades de informar adecuadamente al país.
Esa declaratoria, me hizo recordar el recurso de amparo que interpuse en el año 1983 contra el entonces presidente Luis Alberto Monge, quien se negaba a entregarme, en mi condición de diputado a la Asamblea Legislativa, un informe sobre el sector agropecuario, y precisamente para ocultar la información, lo declaró secreto de Estado. Aquel recurso fue acogido por la Sala Primera de la Corte, al no existir la Sala IV, pero sí jueces que no dejaban presionar por las fuerzas políticas; y obligaron al presidente Monge a entregar el informe. El fallo fue redactado nada menos que por el Lic. Fernando Coto Albán, quien no necesitó largos meses para redactarlo y hacer una pieza jurídica de primer orden, en la que dejó definido no sólo lo que es el derecho a la información que consagra la Constitución Política, sino que, en el caso que nos ocupa, lo que debe ser considerado como secreto de Estado. Después de una amplia explicación doctrinaria, constitucional y legal para definir el concepto, el Magistrado Coto Albán definió el secreto de Estado así: "Sin embargo, al relacionarse la definición "Secreto de Estado" con lo que disponía el artículo 335 del Código Penal de 1941 (sin incluir lo militar), y lo que dispone ahora el artículo 284 del Código Penal vigente, con ello el problema se simplifica, pues los secretos políticos (y también los de seguridad), sólo constituyen secretos de Estado cuando se refieren a los medios de defensa o a las relaciones exteriores...". Es evidente que, en este momento, Costa Rica no está en estado de guerra con ningún Estado como para alegar " los medios de defensa", ni tampoco nuestras relaciones exteriores están en situaciones críticas, en el sentido señalado por la Corte.
La nueva declaratoria de "Secreto de Estado" que se refiere a esa compra de armas, es para enfrentar según el Gobierno del señor Figueres y su Ministro de Seguridad Pública, a narcotraficantes y otros actos delictivos internos, o sea, para la delincuencia común. Si bien estoy de acuerdo y así lo propicié cuando fui diputado, en perseguir de manera dura, inflexible y radical a esa lacra humana que es el narcotraficante y también recuperar los niveles de seguridad que hemos perdido, no se puede aceptar que se haga por vía de esconder una transacción de armas que encubra, tal vez, la oscura información de un ejército. No hay duda de que por el accionar de las fuerzas de policía durante la presente administración contra actos y manifestaciones de ciudadanos organizados, está prendida en ellas una mentalidad militar, que se ha puesto en evidencia. Si bien la ley prescribe el ejército, es muy posible que después de tanta formación en academias militares, que crean esa manera de pensar y ver las cosas, el ejército se nos puede colar por la puerta de la cocina, y eso, hay que evitarlo.
