Una de arena y otra de cal por la política fiscal. La intensa búsqueda de nuevos ingresos merece un aleluya. Pero la decisión de declarar a todos los empleados públicos abrazables y no despedir a nadie, aunque sobre, deja mucho que pensar. ¿Se cayó la reforma del Estado? ¿Se calló ante las abusivas convenciones colectivas? ¿Cuál suerte correrá la comisión para reducir el gasto si ya el patrón habló cuando debía callar y calló lo que debía decir?
La lucha por lograr nuevos ingresos está bien planteada. Pero no bien librada. El Gobierno sabe lo que hay que hacer, pero no cómo lograrlo. Se pierde, de nuevo, en la concertación. El Ministro de Hacienda mi tocayo se está dejando envolver por la fogosa morenita del PAC, quien desde una posición minoritaria se ha convertido en la hacedora de impuestos, al punto de decidir qué se grava, quién lo paga, cuánto, cómo y dónde. Y así no debe ser. El Gobierno debe ejercer su liderazgo. Tiene un apoyo popular que debe aprender a utilizar y, además, el derecho de veto. Si lo aprobado por la Asamblea no se ajusta a su visión, puede vetarlo y responsabilizar a la oposición. Hasta que apruebe la estructura que el país necesita. Sería muy pretencioso para la oposición suponer que en un pulso podría humillar al Gobierno. Porque nadie tiene el sex appeal político de don Abel. Ni Miss Campbell.
No aprobar nuevos impuestos indirectos por ser regresivos sería mezquino con el Estado y los más necesitados. El Estado requiere esos recursos para hacer obra social. Así retribuye al pobre y mejora la distribución del ingreso. La ecuación completa de la equidad contempla el efecto de los impuestos, pero también el de los gastos. En teoría, se cobra para devolverle a la comunidad bienes y servicios. Si el Gobierno prescindiera de los tributos indirectos, habría que cerrarlo. Así de simple.
Kevin Casas dijo el domingo que la carga tributaria, aun medida por impuestos indirectos, es más baja que en otros países. Si se pretendiera descansar solo en los gravámenes directos, habría que quintuplicarlos y quebrar al país, por falta de ahorro e inversión. Por eso, la sobretasa del 5 por ciento sobre las empresas tampoco está bien enfocada. Las que ya pagan, sufren una tasa efectiva de 30 por ciento y 15 sobre dividendos. Más del 40 por ciento del total va para el fisco. Si les quitan más, no podrán ahorrar, invertir ni reactivar la producción para generar empleo y transferirle, en salarios, ingresos a los pobres. En cambio, las empresas en zona franca no pagan nada. Y tal franquicia, francamente, no es nada equitativa.
La equidad y probidad en la gestión pública también exigen cuidar con recelo el cinco. No se deben regalar salarios ni convertir al Estado en empleador de última instancia. Si en Recope, ICE o el Gobierno sobran empleados, sus sueldos les restan recursos a los programas sociales de los pobres. Y eso tampoco es equitativo. Está bien que los diputados economicen viáticos, almuerzos y otros "pichuleos" de caja chica. Pero deben entrarle a la planilla. Ahí está la chequera gorda del Estado. La que dispara el gasto. Si no, nunca saldremos adelante.
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