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En medio de titubeos, indefinición y contradicciones institucionales en la resolución de conflictos entre el nuevo Gobierno y los sindicatos, vimos algunos destellos de virilidad gubernamental en el caso del Sintrajap. ¿Fueron luces pasajeras?
Me quedan sentimientos encontrados. Por un lado, celebro la valiente decisión del presidente Arias y su ministro de Seguridad, Fernando Berrocal, al ordenar a la fuerza pública cortar (parcialmente) el tortuguismo impuesto por el sindicato de Japdeva. Como ciudadano y contribuyente, me sentí reconfortado. Pero no tuve la misma sensación ante el manejo de conflictos similares en el INS y la CCSS. ¿Será el precio a pagar por el TLC?
El INS fue el primero en aflojarse. Su presidente ejecutivo, después de una encendida retórica contra la descomposición interna al estilo bravata azteca, y teniendo a mano resoluciones de la Sala IV contrarias al pago de prestaciones ilegales en convenciones similares, se apresuró a pagar el reclamo de quienes renunciaron precipitadamente para recibir prestaciones superiores, sabiendo que la jurisprudencia no las permitía. Luego, vino la Caja. Ahí, la decisión de su presidente fue aún más complaciente. Aumentó los salarios de los servidores para compensar los beneficios discriminatorios en las cuotas laborales que les había rechazado la Sala. Sin duda, (dos) precedentes improcedentes de (dos) presidentes ejecutivos que burlaron (dos veces) a la Sala Constitucional.
A ellas se suma la decisión de Aresep, adoptada en la penumbra de una noche dominical en casa del regulador general, Fernando Herrero, con la conspicua presencia de un ministro de Gobierno. Ahí se decidió no oponerse al pago de beneficios abusivos en la convención colectiva de Japdeva, con cargo al (también abusivo) superávit del pasado. Aunque lo trate denodadamente de negar, se politizó.
Una vez aprobadas las tarifas –dijo– las instituciones podrán hacer con su presupuesto lo que les plazca. Y en vez de bajar tarifas de oficio (como hace con Recope) para evitar el derroche, decidió lavarse las manos. Lo triste es que en el futuro podrá suceder lo mismo, pues sus nuevas políticas permitirán “excedentes normales” y un año para gastarlos a discreción. Ahí se podrán colar, de nuevo, los sindicatos. Araceli Pacheco, exreguladora general, sostenía la tesis contraria. Yo me caso con Araceli. Y también con Rocío Aguilar, la dama de la Contraloría (si les prohíbe el pago). Pero, sobre todo, quisiera ver a Fernando Herrero, cuchillo en mano, cortando privilegios para que nadie, ni yo, le recuerde aquel viejo refrán: En casa de herrero, cuchillo de palo…
