A pocas horas de que se abran las urnas para escoger representantes al Congreso en Venezuela, se respira en el país un ambiente de tensa incertidumbre ante el desenlace que tendrá lugar este 6 de diciembre en las elecciones para decidir la composición de la Asamblea Nacional.
Esta votación se ha convertido en una especie de plebiscito en la que los venezolanos expresarán no solo sus preferencias por los candidatos a los cargos de elección popular, sino su valoración sobre la conducción del país por parte del Gobierno de Nicolás Maduro.
Con los precios del petróleo hundidos, una economía decreciendo en un 7%, tasas de inflación de tres dígitos, crecientes niveles de pobreza y una de las más altas tasas de inseguridad del continente, es comprensible que las más recientes encuestas de opinión confirmen una tendencia hacia la reducción del abstencionismo y una creciente ventaja en el apoyo ciudadano en favor de los partidos políticos de oposición.
La jornada electoral cerró el 3 de diciembre y la cuenta regresiva se ha iniciado, luego de un proceso que estuvo marcado por condiciones absolutamente desproporcionadas en contra de la oposición al oficialismo.
Ya lo describió de manera demoledora el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, en la detallada carta que le dirigió a la presidenta del Consejo Nacional Electoral de Venezuela en noviembre pasado.
De acuerdo con la nota del Sr. Almagro, se incumplía con al menos siete condiciones esenciales para garantizar un proceso electoral justo y competitivo, lo que en sus palabras creó un “terreno de juego desnivelado”.
A su vez, un informe rendido por IDEA Internacional y la Universidad Andrés Bello de Venezuela advertían que el sistema electoral de ese país “adolecía de una serie de debilidades que podrían llegar a afectar su integridad y la credibilidad de sus resultados”; esta misma organización informó esta semana que ninguna de sus preocupaciones fueron atendidas por las autoridades electorales.
Preocupación. Las justificadas dudas sobre el proceso electoral, se acentuaron, aún más, con la reiterada negativa del gobierno venezolano a aceptar una misión de observación electoral técnica e independiente, como han pedido con insistencia todo tipo de organizaciones internacionales, entre ellas, el Club de Madrid, el mayor foro del mundo de expresidentes elegidos democráticamente, al cual pertenezco.
En estas circunstancias, resulta comprensible la preocupación que diversos sectores están expresando sobre las condiciones que acompañarán la emisión del sufragio, particularmente en lo que alcanza al efectivo ejercicio de fiscalización en las mesas electorales por parte de representantes de la oposición y al derecho a ejercer el voto secreto por parte de los ciudadanos.
Las cartas, sin embargo están echadas; solo resta confiar en que la población se mueva masivamente a votar, sin temor a expresar sus convicciones.
Resulta esperanzador que según los sondeos más recientes, el 88% de los ciudadanos están dispuestos a ir a votar. Solo un resultado contundente, sustentado en una amplia participación ciudadana, será capaz de contener los excesos retóricos y las amenazas del actual gobernante de responder a dichos resultados mediante una alianza “cívico-militar”.
Solo la voz potente de la ciudadanía expresada en el sufragio podrá ser capaz de mover a unos y otros en la dirección de un acuerdo nacional que, con sentido de responsabilidad histórica, le permita a Venezuela recuperar su gobernabilidad y, con ello, la esperanza de un futuro mejor.
La autora fue presidenta de Costa Rica del 2010 al 2014 y es miembro del Club de Madrid.