EscucharTanto en el Reino Unido como en Estados Unidos, los partidos políticos de izquierda y de derecha compiten por mostrar a los votantes que están del lado de la gente trabajadora. La pregunta es si las estrategias prevalecientes para proteger a los trabajadores —que se centran en una combinación de política industrial y restricciones al comercio, la inversión y la migración— realmente los favorecen.
La protección de los trabajadores se ha vuelto prácticamente sinónimo de proteccionismo. En los últimos años, los votantes en muchos países, preocupados por su bienestar económico, se volvieron en contra del libre comercio, la migración y la entrada de inversión extranjera directa, y han rechazado a los líderes y partidos que promovían, desde hacía mucho tiempo, estas políticas.
Europa es un buen ejemplo. Después de que la crisis financiera global del 2007-08 sumiera en la inseguridad económica incluso a los hogares de clase media, los votantes empezaron a mirar más allá de los partidos políticos tradicionales en busca de mayor apoyo y protección, y muchas veces se vieron seducidos por quienes culpaban a la migración de todos sus males.
La pandemia de covid-19, y la crisis del costo de vida que vino después, reforzaron esta tendencia, y en las elecciones recientes en Austria, Alemania, Italia y los Países Bajos se registró un alza del apoyo a los partidos con una postura contra la migración.
En Estados Unidos, no han surgido nuevos partidos políticos, pero sí un nuevo tipo de líder. Donald Trump ganó la presidencia estadounidense en el 2016 en parte culpando al libre comercio (especialmente con China) de diezmar los empleos y la inversión en el cinturón del óxido de Estados Unidos. Si bien criticar al libre mercado y al capitalismo solía ser patrimonio de la izquierda, hasta The American Conservative hoy publica artículos en los que pone en la pilota al comercio, la migración y la libre circulación de capitales por los estragos de la desindustrialización.
Una respuesta a esa “carnicería” son los aranceles, que Trump introdujo diligentemente durante su presidencia. Pero Joe Biden —que derrotó a Trump en las elecciones del 2020— mantuvo y hasta amplió esos aranceles.
A comienzos de este año, Biden impuso un arancel del 100 % a los autos eléctricos fabricados en China —una tasa muy alta, aunque afecta a un porcentaje muy pequeño de las importaciones norteamericanas de China—. Trump promete que, si resulta elegido, aprobará aranceles del 60-100 % a todas las importaciones chinas.
El mensaje proteccionista es claramente un mensaje que los trabajadores quieren oír. Pero es poco probable que los aranceles sirvan de algo. Por empezar, provocan represalias y desconfianza entre los socios comerciales, como vimos en el 2018, cuando Trump impuso aranceles al acero y al aluminio provenientes de Canadá, Europa y México. Por tanto, reducen el acceso de un país a los mercados externos, haciendo subir, al mismo tiempo, los precios.
Esas pérdidas no se compensarían con los empleos “deslocalizados” que prometen los proteccionistas, ya que los empleos (de bajos salarios) anteriormente deslocalizados son ocupados, cada vez más, por máquinas, no por trabajadores. Esto ya está sucediendo en China, donde la “fabricación inteligente” se lleva a cabo en “fábricas oscuras” dirigidas completamente por robots.
Por ende, proteger los puestos de trabajo en el sector manufacturero no es una solución para las elevadas tasas de desempleo juvenil de China, como tampoco la deslocalización de esos empleos es un medio realista de revitalizar el cinturón del óxido.
Sin embargo, como demostró la administración del presidente norteamericano Franklin D. Roosevelt en los años 30, existe una forma mejor de proteger a los trabajadores: una legislación laboral nacional que apoye la sindicalización. Más allá de garantizar un estándar de vida decente para los trabajadores, ese tipo de legislación en Estados Unidos y el Reino Unido dio mayor voz política a los trabajadores, permitiéndoles ascender a través del movimiento obrero hasta la política.
Eso cambió cuando los partidos laboristas tradicionales pasaron a estar dominados por profesionales liberales urbanos, en lugar de representantes de la clase trabajadora. Por ejemplo, la proporción de parlamentaristas pertenecientes a la clase trabajadora que representaban al Partido Laborista del Reino Unido se desplomó de casi el 30 % en 1987 a apenas el 10 % hoy.
Afortunadamente, los responsables de las políticas en el Reino Unido y en Estados Unidos cada vez más parecen reconocer el papel que desempeña la legislación laboral nacional a la hora de proteger a los trabajadores. En el Reino Unido, el nuevo gobierno laborista presentó un Proyecto de Ley de Derechos de Empleo, que ampliaría los derechos de los trabajadores en áreas como pago por enfermedad, horarios flexibles y protección contra un despido injusto.
El proyecto de ley prepara el camino para revitalizar los sindicatos, eliminar las restricciones al derecho de huelga de los trabajadores, abordar la brecha de género salarial y fortalecer las protecciones contra el acoso sexual en el lugar de trabajo. Como era de esperarse, las reacciones de los empleadores han sido encontradas, y el gobierno ahora entrará en extensas consultas mientras trabaja para convertir el proyecto en ley.
En Estados Unidos, la administración Biden intentó incluir incentivos para apoyar la sindicalización en la Ley Build Back Better (Reconstruyamos mejor), que apuntaba a crear “millones de empleos bien remunerados”. Pero los lobistas de la industria presionaron al Congreso norteamericano a fin de que eliminara los incentivos propuestos por el proyecto de ley para que los fabricantes instalaran sus plantas de ensamblaje en Estados Unidos y utilizaran mano de obra sindicalizada. Al final, la sanción de la ley se redujo a un voto, el del senador demócrata Joe Manchin, que insistió en que se eliminara el apoyo de la mano de obra sindicalizada.
La politica comercial también se puede utilizar para proteger la mano de obra, si miramos más allá de los aranceles. El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, que la administración Trump negoció como un sucesor del TLCAN en el 2018, tiene las cláusulas laborales más sólidas y de mayor alcance de cualquier acuerdo de libre comercio de Estados Unidos.
Además de colocar las obligaciones laborales en el centro del acuerdo, y de hacerlas plenamente exigibles, el T-MEC establece que los países ayuden a los trabajadores a adaptarse a través de programas nacionales, como los programas estadounidenses de Asistencia para el Ajuste Comercial que vienen ayudando a los trabajadores en la transición de los empleos perdidos por la competencia de las importaciones desde 1962. El T-MEC demuestra que las protecciones de los trabajadores son compatibles con la competitividad internacional.
El apoyo político de las políticas comerciales proteccionistas es fácil de explicar. Un creciente porcentaje de personas en las democracias industrializadas se sienten menos representadas y menos protegidas que las generaciones anteriores —y, a decir verdad, lo están—, y tanto las fábricas chinas como los trabajadores migrantes son blancos fáciles.
De manera que, cuando los políticos reconocen la frustración de los votantes y prometen mejorar su vida mediante aranceles y controles migratorios, son fáciles de convencer. Sin embargo, esta estrategia, al final de cuentas, no hará mucho por los trabajadores, o por los líderes políticos que la abrazan.
Ngaire Woods es decana de la Escuela de Gobierno Blavatnik de la Universidad de Oxford.
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