EscucharHemos sido testigos, en los últimos tiempos, de una campaña sostenida en contra el régimen jubilatorio que cobija al colectivo judicial, así como contra el fondo económico que lo sustenta, un sistema que forma parte del primer pilar de la seguridad social costarricense, cuyo origen es anterior al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) que administra la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Régimen puesto a prueba. Nuestro régimen jubilatorio ha sido evaluado y puesto a prueba a través de 75 años, en los que ha demostrado con creces el cumplimiento de los objetivos que motivaron su creación. Sin embargo, se insiste en desprestigiarlo utilizando la perversa maña de interpretar, de manera irresponsable, información incompleta, sesgada y malintencionada para cumplir su propósito.
Sustentada en supuestos que no se ajustaron a la realidad operativa del fondo ni a la población que lo conforma, y a pesar de ingentes esfuerzos por proporcionar abundante y suficiente información para ponerlos en entredicho, La Nación , con el apoyo de la Superintendencia de Pensiones (Supén), ha insistido en desconocer nuestros argumentos, y elaborado y distribuido amplios reportajes basados en predicciones mal fundamentadas.
Superávit. Con estas actuaciones, se intenta alarmar a la población nacional con la supuesta quiebra de nuestro fondo de jubilaciones. En cambio, no se divulga información actual.
El estudio actuarial que utiliza La Nación como fundamento para demostrar el apocalíptico final de nuestro fondo de jubilaciones predecía que, durante los dos primeros años (2012 y 2013), el fondo sería incapaz de atender sus obligaciones con las cuotas recibidas como aporte patronal, obrero y estatal, pero, más bien, se generó un superávit por encima de los ¢4.000 millones.
Estos resultados dejan en entredicho a quienes habían pronosticado la crisis, y evidenciaron que las explicaciones que en su momento se le dieron a La Nación estaban fundadas en la verdad, y que los supuestos que se usaron en la elaboración del estudio actuarial en que basaron el estado de alarma entre la población no se ajustaron a la realidad.
En esta ocasión, ya no cuestionan la estabilidad financiera del fondo, ahora arremeten contra disposiciones legales cuyo origen se remonta al año 1992, cuando se promulgó la ley N.º 7302, más conocida como la “Ley Marco de Pensiones”, atreviéndose a asegurar que el Poder Judicial “habría pagado” a las personas jubiladas una suma exorbitante de “dinero extra”, por haber aplicado aquella legislación, la cual es producto de la evaluación y análisis técnicos debidamente fundamentados en su momento.
Presiones desde la Supén. Este tema lo considerábamos superado por haber sido objeto de amplios debates; sin embargo, las presiones ejercidas desde la Supén lo han puesto de nuevo en la agenda, por lo que estamos reiterando los argumentos jurídicos ante la Corte Plena, confiados en que prevalecerá el respeto y la autonomía, apegados a la ley.
Por ello, consideramos irresponsable que se asegure en las páginas de La Nación que, en el Poder Judicial, se otorgan jubilaciones ilegalmente, o que se hacen pagos extras, dando a entender a la colectividad que se está dando un tratamiento gravoso en la administración de estos recursos.
Por eso, reiteramos que todos los pagos del fondo de jubilaciones se hacen apegados a la legislación aplicable.
Nos pronunciamos a favor de que se respeten los derechos de quienes quedaron bajo el amparo de aquella legislación que, en julio, cumplirá 22 años.
Alexandra Madriz Sequeira, Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras del Poder Judicial (Sitrajud).
