C.E.R.R.A.R. para mejorar

Con esta ley no se eliminan ni programas ni recursos destinados a combatir la pobreza. Lo que si se elimina son duplicidades, filtraciones, puestos políticos innecesarios y gastos administrativos y burocráticos excesivos; males que han sido ampliamente diagnosticados por los estudiosos de las políticas sociales del país.

Con la finalidad de ayudar a los trabajadores que resulten cesados en virtud de esta restructuración del sector social, el proyecto autoriza la entrega de una compensación económica, adicional a las prestaciones que la ley ordinaria les otorgaría.

Es bueno recordar que, a pesar del constante incremento en los recursos asignados por el Estado a los sectores más desposeídos de la sociedad, los índices de pobreza, pobreza extrema y desigualdad no han mejorado y, en algunos casos, más bien se han deteriorado.

De hecho, el nivel de pobreza afecta a más de una quinta parte de la población, y no se ha reducido desde inicios de la década de los 90. Del 2010 al 2015 los recursos destinados a combatir la pobreza se incrementaron en términos reales en un 14,5%, pero la población afectada por la pobreza extrema en ese período pasó de un 5,8% del total de la población a un 7,2%.

Por su parte, la desigualdad, medida por el coeficiente de Gini, pasó de un 0,46 en 1990 a un 0,52 en el 2015, siendo Costa Rica uno de los pocos países de América Latina donde se ha concentrado el ingreso.

En el umbral del milenio, Costa Rica ostentaba el segundo mejor nivel de equidad en América Latina –solo superada por Uruguay–, hoy nos aventajan ocho países.

Efectos del modelo. Aparte de los serios problemas de gestión, identificados por entidades como el Estado de la Nación, el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica y la Contraloría General de la República, es posible que otros factores hayan incidido en la incapacidad del país para dar el salto hacia menores niveles de pobreza y desigualdad.

Puede ser que las reformas económicas inspiradas en el Consenso de Washington, puestas en práctica desde mediados de la década de los 80, causen pobreza y desigualdad y que lo hagan con más celeridad que la agenciada por los programas sociales para derrotarlas.

En cualquier caso, si efectivamente el modelo económico vigente fabricara pobreza, no mermaría la importancia de mejorar la gestión de los recursos públicos destinados a combatirla. Por el contrario, haría más urgente mejorar la eficiencia y la eficacia de los programas sociales, con el fin de compensar, al menos parcialmente, los efectos del modelo.

El proyecto. Con estos objetivos en la mira, los alcances principales de C.E.R.R.A.R. son:

1. Crea el Ministerio de Asistencia Social (MAS), utilizando como base al IMAS (fuerza laboral, presupuesto, infraestructura, equipos y funciones). El MAS será la autoridad rectora en materia de asistencia y promoción de la población en condición de pobreza.

2. Cierra el IMAS.

3. Cierra el Mivah y sustituye al ministro de Vivienda por el jerarca del MAS en la presidencia de la Junta Directiva del Banhvi.

4. Cierra el INVU y traslada al Mideplán las funciones relacionadas con la planificación urbana y al Banhvi el programa de ahorro y préstamo.

5. Cierra el Inder y traslada al MAG (a una unidad administrativa con personería jurídica instrumental) las funciones de compra de tierras, los recursos hoy disponibles para ese fin, así como la entrega de parcelas a los agricultores (de acuerdo con las listas de beneficiarios que seleccione el MAS). Las demás funciones del Inder son eliminadas en vista de que duplican las ejecutadas por otras instituciones del Estado.

6. Transforma el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) en el Ministerio de Trabajo (MT). En esa dirección se eliminan las competencias de ese ministerio en el ámbito de políticas de ayuda social, para que en adelante se entienda como un ministerio responsable exclusivamente de asuntos relacionados con la ejecución de la legislación laboral.

7. Cierra la Desaf (hoy en el MTSS) y traslada el Fondo de Desarrollo y Asignaciones Familiares al MAS.

8. Cierra el Fonabe y traslada sus recursos al MAS.

9. Traslada de la CCSS al MAS la identificación de beneficiarios y la entrega de pensiones del régimen no contributivo.

10. Traslada de la CCSS al MAS la identificación de beneficiarios del seguro de salud subsidiado por el Estado.

Rectoría estatal clara. Con este proyecto de ley se establece rectoría estatal clara en la lucha contra la pobreza, se garantiza la coordinación y la transparencia, se eliminan las excusas y se facilita la exigencia y la rendición de cuentas sobre la utilización de los recursos de los costarricenses destinados a dicho fin.

Una vez que se apruebe esta ley, la acción y los recursos estatales dirigidos a combatir la pobreza se concentrarán en un ministerio, dotado de un fuerte presupuesto. De hecho, a pesar de la enorme economía de recursos que resultará de la eliminación de duplicidades y gastos administrativos producto de las transformaciones derivadas de C.E.R.R.A.R., el MAS contará con casi ¢800.000 millones (datos para el 2016) y será, por mucho, el segundo ministerio con más presupuesto, solo superado por el MEP.

Además, el MAS emitirá listas de beneficiarios potenciales, de observancia obligatoria por toda institución o programa que en la asignación de recursos tenga como criterio el grado de pobreza de la persona o grupo familiar.

De ese modo, a nivel de gabinete con rango ministerial, existirá una institución fuerte liderando la lucha contra la pobreza, tanto desde el punto de vista presupuestario como de imperio sobre otras instituciones involucradas en el mismo objetivo.

Esto es importante no solo para reducir la pobreza, sino para que al menos el sector social del Estado actúe con eficiencia y, por lo tanto, en consonancia con el principio de “buena marcha del Gobierno”, con el deber de “vigilancia del buen funcionamiento de los servicios y dependencias administrativas” y respetando el principio de “eficiencia de la administración”, todos preceptos de rango constitucional.

Estos principios y el sentido común en materia de buen uso de los recursos públicos fueron totalmente ignorados por las reformas estructurales impulsadas por el neoliberalismo nacional y los organismos financieros internacionales.

Esas reformas más bien estuvieron acompañadas por la creación de instituciones, la profundización de duplicidades y la creación de trámites, en clara contradicción con el reiterado uso de la palabra eficiencia por los protagonistas de esa ideología. Fue como si deliberadamente materializaran su enemistad con el sector público haciéndolo poco funcional.

En el caso específico del sector social, lejos de hacerlo más eficiente, los gobiernos intentan convencernos de que “cambio” es bautizar con nuevos nombres, cada vez más pomposos (“Plan Nacional de Combate a la Pobreza”, “Plan de Solidaridad”, “Triángulo de Solidaridad”, “Plan Vida Nueva”, etc.), la misma política social y la misma ineficiencia. Como en muchas otras instancias en la vida política nacional, los detalles comunicativos sustituyen la sustancia, convirtiendo lo accesorio en el objetivo central de la acción gubernamental.

Sector público eficiente. Ahora enfrentamos las consecuencias de un aparato estatal abarrotado de grasa, movilizado por inercia y anclado por gastos fijos; así como colmado de laberintos burocráticos, trámites caprichosos y obstáculos formidables para la ejecución de inversiones.

C.E.R.R.A.R. busca revertir ese proceso y recuperar para el desarrollo social del país, un sector público eficiente y simple; con jerarcas y burócratas apasionados por los resultados; de los procedimientos, solo respetuosos (no a la inversa como suele ocurrir en Costa Rica).

Espero que C.E.R.R.A.R. congregue el apoyo de todos los sectores: de la izquierda, porque uno de los objetivos centrales del proyecto es reducir la pobreza y la desigualdad; de la derecha, porque el otro objetivo central es mejorar la eficiencia en el uso de los recursos; de los fiscalistas, porque contrae el gasto; de los constitucionalistas, porque acata mandatos de la Carta Magna sobre el manejo de la cosa pública; de los administrativistas, porque apuntala el sistema de sectorialización y rectoría establecido en nuestra legislación; y de los científicos sociales, porque atiende sus diagnósticos sobre el pobre desempeño de los entes del sector social.

Pero, sobre todo, espero que C.E.R.R.A.R. sea vigorosamente respaldado tanto por las personas que aportan los impuestos y las cargas sociales que fondean los presupuestos aprobados para combatir la pobreza, como por los destinatarios y dueños legales de esos recursos, a saber, los sectores más desposeídos de la sociedad.

El autor es diputado por el Partido Acción Ciudadana (PAC).