EscucharEl país está urgido de un manejo pesquero técnicamente sólido e independiente de intereses sectoriales y politiqueros. La única forma de suplir esta necesidad es a través de una reforma legal, que reconozca la división que existe en tres esferas de acción interdependientes pero claramente distintas:
1. Una esfera que debe generar la ciencia sobre la que se debe basar el manejo y la política pesquera del país, que contemple el impacto de la contaminación, el cambio climático y la sobrepesca; ciencia producida por un grupo de profesionales destacados, estrechamente asociados a la academia nacional, cuyas recomendaciones deben ser vinculantes.
2. Una esfera de decisiones políticas que busca concordancia con las políticas nacionales, la explotación regulada y verdaderamente sostenible del recurso, la equidad en los beneficios derivados y el desarrollo de estrechas relaciones regionales (imprescindibles en el manejo de recursos migratorios y compartidos).
3. Una esfera de administración que vela por el control eficiente de la actividad pesquera, incluidos licenciamientos basados en evaluaciones periódicas de las poblaciones, la promoción de un mercadeo de productos responsablemente capturados y un programa de vigilancia con capacidad de ejecutar actividades preventivas y represivas sobre la actividad.
La solución formulada hace tres décadas (crear el Incopesca) resultó en una institución con una gran dispersión de competencias, tanto en el área de explotación de recursos silvestres (pesca) como de producción (acuicultura).
Adicionalmente, los recursos financieros otorgados a la institución no están acordes con la variedad y magnitud de las funciones fijadas. La gran mayoría de su presupuesto se dedica a cubrir una nómina que no logra realizar las labores con la cobertura y el nivel requeridos.
Existe en la solución formulada deficiencias fundamentales. La explotación de recursos silvestres precisa políticas y habilidades específicas. En esta actividad, debe primar la verdadera sostenibilidad (término del cual se abusa últimamente), debe fundamentarse en información sobre la magnitud y estado de la biomasa por explotar y debe procurarse un desarrollo democrático, donde los beneficios de la actividad alcancen a la mayoría de los ciudadanos.
El país cuenta con los conocimientos técnicos para superar estos retos, pero es necesario encontrar el marco institucional y legal para aprovecharlos.
La acuicultura debe ser una prioridad. Con una decreciente oferta de recursos silvestres y un incremento del consumo, el cultivo es la alternativa para llenar esta creciente brecha. Esta actividad demanda principios, políticas y destrezas muy diferentes, y mal se hizo al alojarla bajo el mismo techo que la explotación pesquera.
En universidades y en la industria privada se encuentran el conocimiento y la experiencia para desarrollar la acuicultura. El país debe velar por que los impactos ambientales de la actividad sean controlados, pero no puede darse el lujo de continuar al ritmo actual. La acuicultura debe crecer.
Haber mezclado dos actividades tan diferentes en una sola institución origina la inoperancia en ambas áreas.
La institución a cargo del control de la explotación pesquera en los mares debe contar con autoridad de policía. El Incopesca, como institución autónoma, carece de ella y depende de otras instituciones para cumplir con las funciones de control. Si queremos un control eficaz de la explotación, la institución a cargo debe ser capaz de realizar tanto actividades preventivas como represivas.
Y la institución a cargo de los recursos pesqueros debe ostentar una gobernanza independiente, regida por el interés de mantener un recurso público, que pertenece a todos. Más allá de planes y estrategias, la institución debe alcanzar un manejo real de los recursos en nuestros mares.
Está claro que el país no cuenta con capacidad institucional para manejar sus recursos pesqueros y que profundos cambios son requeridos, si queremos sostenibilidad ecológica y financiera en este campo.
Es injusto que miles de pescadores vean reducirse sus fuentes de ingreso, el tamaño de lo capturado y el precio que reciben debido a un mal manejo del recurso. Ver como este se deteriora por un mal manejo es imperdonable.
La búsqueda de alternativas productivas en este sector es urgente. Pero estas deben ser alternativas realmente sostenibles, que brinden beneficios económicos a la mayoría y que se mantengan durante muchas décadas.
La visión de extraer todo lo posible a corto plazo para beneficiar a unos pocos es cosa del pasado. Seguir creando falsas expectativas a los sectores costeros, con alternativas que benefician a unos cuantos a costa de un recurso público no es aceptable.
Bien hará la clase política si vuelve sus ojos a este abandonado sector, y con criterios técnicos y buscando un desarrollo democrático y sostenible, toma las medidas para cambiar esta lamentable situación.
El autor es biólogo marino.
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