El término “Banana Republic” o república bananera fue acuñado para referirse a países dominados por corporaciones extranjeras que manejaban a gobernantes corruptos, países originalmente dedicados al cultivo de banano; de ahí el nombre. Luego se popularizó para referirse a cualquier país donde campeara la corrupción, el irrespeto a la legalidad, y el servilismo a las corporaciones extranjeras.
Hoy en Costa Rica vemos una versión siglo XXI de ese servilismo. Nuestro supuesto “hombre fuerte”, “macho alfa”, “jaguar”, al final resultó un minino incapaz de anteponer el desarrollo del país a los intereses de Estados Unidos.
Nuestro presidente agachó las orejas a la administración Biden, sacando, mediante lo que parece una excusa, a la empresa china Huawei como oferente de la tecnología 5G para Costa Rica, a pesar de su precio más bajo y calidad más alta en su oferta tecnológica, según indican las personas entendidas en la materia.
Hoy, tras la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, el gobierno reafirmó el compromiso adquirido con la administración anterior de bajar el nivel de cooperación con China, aunque esta sea ventajosa para el país. Tanto que habla el presidente sobre “el soberano” y no entiende de soberanía.
Ante las medidas arbitrarias que está impulsando la nueva administración estadounidense, nuestro gobierno ha mantenido un silencio cómplice ante la intentona de apoderarse del canal de Panamá o ante las deportaciones de migrantes en condiciones inhumanas. Un silencio cómplice que riñe con la tradición costarricense de apego al derecho internacional, especialmente en defensa de los derechos humanos.
Al respecto, un mensaje en redes sociales del expresidente Óscar Arias indicando que, en su gobierno, Costa Rica no tuvo el comportamiento de “República Bananera”, claramente puso el dedo en la llaga, como quedó patente en la airada reacción del actual presidente. Con el rostro desencajado, Chaves se la intentó devolver a Arias, indicando que esa administración quiso convertir al país en “República Arroz Cantonés” por “intereses”, dijo el mandatario, sin especificar a qué intereses se refería, lanzando un velo de duda, según su costumbre.
Aparte de mostrar su gusto por la gastronomía china, donde unió el cantonés al chop suey con que calificó una actividad de agricultores, el presidente lanza una afirmación sin presentar denuncias concretas fundamentadas y siembra dudas sobre las relaciones con China de la administración Arias, un comportamiento impropio de una persona decente. Tampoco fue muy decente el berrinche que hizo cuando los presidentes de los poderes Legislativo y Judicial lo invitaron a una reunión de trabajo para encontrar soluciones a la criminalidad. Típica chabacanería, o, en este caso, “chavacanería”, con v.
Hemos visto en el gobierno de nuestro “chavacano” presidente, además de la sumisión, acciones que podrían ser indicios de las otras características de una “banana republic”, como la corrupción y el irrespeto a la legalidad. Las manifestaciones de corrupción sobran en esta administración. La mayoría se encuadra en el uso de decisiones políticas que involucran recursos públicos y que terminan favoreciendo a amigos: sobreprecios en la adjudicación de Ebáis a cooperativas afines a un personaje amigo del gobierno; una política agrícola que arruinó al sector arrocero, dejó pérdidas multimillonarias al fisco y solo favoreció a importadores de arroz que pusieron millones de colones en su campaña; intento de vender el Banco de Costa Rica, donde se favorecería a otro financista de campaña; contratos millonarios a dedo a la persona que pagó las ridículas vallas publicitarias pidiendo la renuncia de quienes no se le agachan al gobierno.
El irrespeto a la legalidad se resume en la felizmente fallida “ley jaguar”, un vano intento por quitarle atribuciones a la Contraloría General de la República, y por modificar leyes que antes intentó el gobierno irrespetar. Por tratar de gobernar al margen de la institucionalidad, este gobierno ha sido un fracaso en materias tan delicadas como la seguridad ciudadana, la educación y la salud.
Ante su propia incapacidad, ahora su proyecto político es llevar un montón de diputados sumisos a la Asamblea Legislativa para que obedientemente modifiquen la Constitución y, por esa vía, destruir la institucionalidad, esa misma que hasta hace poco nos garantizaba agua potable, electricidad, educación, infraestructura, salud y un ambiente sano, y que ha sido manoseada por este gobierno para que esos servicios se desmejoren y así se refuerce el discurso de que no sirven. Por dicha, nuestra institucionalidad le ha parado los desmanes e ilegalidades al presidente, lo cual explica las famosas vallas.
Así las cosas, nuestro gobernante, irrespetuoso de la institucionalidad que juró defender el 8 de mayo de 2022, pero además con una pasmosa facilidad para insultar y sembrar odio, y al mismo tiempo una evidente sumisión ante las órdenes de Estados Unidos, pretende que actuemos de igual manera, no solo como “banana republic” sino, además, peleados entre nosotros, como “chavacana republic”. No podemos permitirlo.
lfarauz@gmail.com
Luis Felipe Arauz es ingeniero agrónomo. Se desempeñó como ministro de Agricultura en la administración Solís Rivera (2014-2018).
