EscucharEl anuncio de la Casa Presidencial de conformar dos comisiones de notables para recomendar reformas para el buen funcionamiento del Estado y la Administración Pública ha causado polémica.
Varias de esas críticas están bien fundamentadas, pues, en efecto, este tipo de comisiones tienen elementos elitistas y excluyentes que reflejan una incomprensión del Gobierno de las nuevas formas de gestión política esperada por la ciudadanía.
Lo que es más, esas comisiones han mostrado ser poco eficaces a la hora de traducir sus propuestas en cambios tangibles. Las nuevas comisiones repiten, además, algunos de los mismos yerros de anteriores experiencias en términos de representatividad (no hay presencia de jóvenes y, si bien está vez se incluyeron mujeres, no existe paridad).
La creación de las nuevas comisiones de notables estaba contemplada en el acuerdo firmado en campaña por el hoy presidente, Carlos Alvarado, y el excandidato presidencial del PUSC, actual ministro de la Presidencia, Rodolfo Piza, y es posible encontrar aquí una intención de Piza —quien fue parte de una comisión similar en la administración Chinchilla— por retomar lo hecho en aquel momento y llevarlo ahora a mejor puerto.
Es necesario señalar que en el plan de gobierno presentado por el presidente Alvarado se incluía el compromiso de “fortalecer acciones en materia de participación ciudadana, lucha contra la corrupción y transparencia en cumplimiento con el convenio de Estado abierto entre los poderes de la República”.
En las comisiones se está dejando de lado el principio de participación ciudadana que promueve la Alianza para un Gobierno Abierto (AGA), a la cual Costa Rica está adherida.
Participación. Detrás de este principio de participación se encuentra el convencimiento de que a la hora de idear los cambios necesarios para el país la mejor forma de alcanzar consensos y de llegar a mejores soluciones es por medio de procesos que tengan un involucramiento más activo de la ciudadanía y aprovechar la inteligencia colectiva de todos.
Recientes ejemplos de alto perfil como la Asamblea Nacional y la reforma constitucional ciudadana en Islandia o la iniciativa de movimientos sociales y partidos políticos en Brasil de recolectar propuestas de la gente a través de foros presenciales y un sitio web, son solo dos casos de entre las incontables iniciativas que han utilizado una mezcla de participación de las personas, aportes de expertos, involucramiento de organizaciones de la sociedad civil y partidos políticos de variadas ideologías, apoyo del Estado, debates presenciales y plataformas on-line para llegar a acuerdos y formular propuestas sobre asuntos de interés local, regional y hasta nacional.
Las pasadas elecciones llevadas a cabo en nuestro país demostraron que existe un importante sector de la población deseoso de involucrarse e incidir en el futuro de Costa Rica, pero no necesariamente pertenecen a partidos políticos ni se sienten representados en una comisión de notables como la convocada por el presidente.
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Si lo que se pretende es hacer reformas que atiendan las expectativas de una nación propia del siglo XXI y pronta a cumplir su bicentenario de vida independiente, es vital promover procesos participativos que puedan aprovechar esas energías cívicas para así proponer iniciativas más imaginativas, ambiciosas, innovadoras y creativas, en donde sea la ciudadanía misma la que pueda señalar el rumbo que quiere para el país.
En definitiva, en vez de una comisión de notables, la opción por la que Costa Rica podría optar es formar una comisión o asamblea de ciudadanos, lo más amplia, representativa e inclusiva posible, en donde lo verdaderamente notable sea la participación de grandes sectores de la población y no los nombres y pesados currículums de quienes están ahí sentados.
El autor es politólogo.
