Son preocupantes las contradicciones que, a nivel superior político, vemos hoy en el Poder Ejecutivo y en el Poder Legislativo.
El gobierno de Rodrigo Chaves Robles primeramente daba su criterio en contra de la invasión y agresión rusa a Ucrania y ahora, por una posición de servil obediencia hacia el gobierno estadounidense, observamos cómo la representación diplomática costarricense ante la ONU, en forma sorpresiva y contradictoria, se abstuvo de votar una resolución que condenaba la agresión invasora de Rusia contra Ucrania.
Este despropósito diplomático refleja la ausencia de un plan gubernamental en cuanto a relaciones internacionales y de una clara visión a nivel nacional y mundial, aparte de que hay un posible seguimiento al pie de la letra de las instrucciones dadas por Marco Rubio al mandatario Chaves en su visita reciente al país como enviado del presidente Trump. Lo anterior es el producto de tener un gobierno improvisado y sin rumbo.
En la Asamblea Legislativa, recordamos que en meses anteriores la fracción del partido Liberación Nacional, con mucha razón, se opuso y combatió todas las tres erradas versiones del proyecto de la “ley jaguar” planteadas por el Poder Ejecutivo porque eran inconstitucionales y abrían así el camino a corruptelas y manejos turbios e ilegales de licitaciones y dineros del Estado, irrespetando lo dictado por la Ley de la Contratación Pública y disposiciones de la misma Contraloría General de la República.
Sin embargo, ahora el jefe de la fracción legislativa del Partido Liberación Nacional está presentando contradictoriamente un proyecto de ley (expediente 24.215) para reformar la Ley General de la Contratación Pública. De aprobarse esta reforma, se darían, de igual forma, mayores posibilidades de actos de corrupción y malos manejos de dineros públicos en procesos de contratación de bienes y servicios públicos por parte del Estado, con el agravante adicional de que se impone la dedocracia en la toma de decisiones, tal como lo pretendían los fracasados proyectos de la “ley jaguar”.
Es irónico que el jefe de la fracción legislativa de un partido político que ya está muy próximo a su convención interna para escoger a su candidato presidencial, con miras a las elecciones del 2026, esté presentando un proyecto de ley para ejecutar una reforma legal de esta naturaleza, cuyos efectos serían igual o peor de nocivos que los de los improvisados proyectos impulsados por el Poder Ejecutivo. Por eso, ¡para verdades y falsedades políticas, el tiempo!
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Ramiro H. Jiménez Rodríguez es administrador educativo.
