EscucharEn los últimos dos años, América Latina ha visto una sucesión de grandes escándalos de corrupción. Estos episodios han desencadenado movimientos sociales, enjuiciamientos de funcionarios públicos y empresarios al más alto nivel y crisis políticas desde Brasil hasta México. ¿Es la actual efervescencia el resultado de un aumento dramático de los niveles reales o percibidos de corrupción en la región?
La respuesta corta es no. Las cifras de victimización por corrupción que arrojan las encuestas regionales cuentan una historia entreverada, con niveles muy diversos de prevalencia de la corrupción entre los países de la región y trayectorias divergentes durante la última década. Sin embargo, en términos generales, las tendencias son positivas.
Los resultados de Latinobarómetro indican que durante el 2011-2015 un 27% de la población latinoamericana tuvo conocimiento directo de un acto de corrupción durante los 12 meses anteriores, un porcentaje bastante mejor que el 38% detectado en el 2005-2007.
De igual manera, AmericasBarometer estimó en un 19% la proporción de la población de América Latina que pagó un soborno en el 2015, una cifra levemente menor al 20% encontrado en el 2006. La evidencia de un empeoramiento generalizado de las percepciones de corrupción es igualmente endeble. El índice de percepción de corrupción (IPC) de Transparencia Internacional mostró una evolución positiva en 13 de 18 países de América Latina entre el 2005 y el 2014. El resultado promedio del IPC para la región mejoró visiblemente en este período.
¿Qué ha pasado entonces? Antes que en cambios en la corrupción real o percibida, los acontecimientos de los últimos dos años tienen sus raíces en transformaciones en el contexto social, político y económico que rodea la corrupción.
Esas mutaciones incluyen el explosivo crecimiento de las redes sociales, que hacen posible la rápida diseminación de información y la reducción de costos para los movimientos colectivos; la notable expansión de grupos de ingreso medio políticamente muy activos; la extendida percepción de que las instituciones políticas y las estructuras económicas están sesgadas en favor de una pequeña élite; y la desaceleración económica experimentada por América Latina en los últimos años.
En particular, la reciente ola de escándalos ha sido precedida por dos décadas de un paciente esfuerzo de construcción normativa, desarrollo institucional y creación de mecanismos de rendición de cuentas, diseñados para prevenir y combatir la corrupción. Este proceso, frecuentemente inducido por presiones externas, está empezando a dar frutos.
Son extraordinarias la cantidad y la amplitud de las medidas adoptadas en América Latina en las últimas dos décadas con el fin de aumentar la transparencia y mejorar la rendición de cuentas. Ello incluye la casi universal ratificación por parte de los países latinoamericanos de instrumentos internacionales como la Convención Interamericana contra la Corrupción, la Convención de Naciones Unidas contra el Crimen Organizado Transnacional, la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción y la robusta participación regional en la Alianza por el Gobierno Abierto (Open Government Partnership).
También incluye la aprobación de muchísimas normas nacionales, incluida una cascada de legislación para fortalecer a las instituciones encargadas de auditar el gasto público; normas sobre la declaración de activos por parte de funcionarios públicos; leyes de acceso a la información pública; iniciativas para modernizar los sistemas de compras públicas; el establecimiento de planes, agencias y políticas nacionales en materia de gobierno electrónico; la aprobación de leyes contra el lavado de dinero; y la introducción de regulaciones al financiamiento de campañas.
Estos cambios normativos han ocurrido en prácticamente todos los países de la región. A ello, muchos países han sumado la aprobación de normas de delación premiada ( plea bargain ), reformas judiciales de diferentes tipos y cambios importantes en las reglas del servicio civil.
No cabe duda de que la adopción de muchas de estas reformas es más formal que sustancial y que existen obvias dudas sobre su aplicación real. Sin embargo, estos cambios han entregado nuevos poderes a ciudadanos, periodistas, fiscales y jueces, y han obligado tanto a funcionarios públicos como a empresarios a adoptar, así sea de la boca hacia fuera, estándares de conducta más rigurosos.
De hecho, la evidencia sugiere que, en promedio, los sectores públicos de la región son hoy mucho más transparentes que en el pasado. De acuerdo con los datos del Foro Económico Mundial, en el curso de la última década la capacidad de las empresas para obtener información sobre los cambios en las políticas públicas y las regulaciones que afectan sus actividades ha mejorado en 12 de los 18 países de América Latina y en la región como un todo. Por su parte, según el índice de presupuesto abierto, la transparencia presupuestaria aumentó en 11 de los 15 países para los que existe información comparable en el periodo 2006-2015.
Más que nunca antes, los ciudadanos latinoamericanos están en condiciones de enterarse de muchos aspectos de la vida interna de las instituciones públicas. Y lo que llegan a conocer es casi siempre desolador.
De ello se deriva una implicación crucial: las reformas que aumentan los niveles de transparencia pueden tener un efecto ambiguo en la legitimidad de los sistemas políticos.
A largo plazo, el aumento de la transparencia puede prevenir irregularidades y tener un efecto saludable en la vida pública. A corto plazo, sin embargo, estas reformas muy posiblemente arrojarán una amarga cosecha de escándalos de corrupción, frecuentemente demoledores para la legitimidad democrática. Estas normas revelan la infección de la corrupción antes de que la luz del sol empiece a tener su efecto antiséptico y reparador.
La creación de un nuevo edificio normativo en favor de la transparencia y la rendición de cuentas es uno de los aspectos más importantes y menos señalados del proceso de consolidación de la democracia en América Latina.
Los episodios recientes son ciertamente un síntoma de las graves patologías políticas que continúan afligiendo a la región. Empero, también sugieren que en algunos sentidos cruciales la democracia y el Estado de derecho finalmente están echando raíces en el continente.
Kevin Casas es investigador asociado y director del Programa de Estado de Derecho del Diálogo Interamericano, en Washington, DC, y exvicepresidente de Costa Rica.
Miguel Carter es director de Demos, centro de investigación política en Paraguay.
