EscucharCuanto menos se sabe de un tema, más simples parecen las soluciones, pero al profundizar, las soluciones y decisiones se hacen más difíciles. Con ignorancia, es fácil criticar y presumir que el presupuesto nacional es solo sumar y restar. Sin embargo, requiere equilibrar lo deseable y lo posible, necesidades urgentes y responsabilidad fiscal; desconocerlo fomenta propuestas irresponsables y distorsiona el debate público.
Es muy fácil criticar para quien no toma decisiones y sus palabras no afectan el bienestar ciudadano, para quien sus comentarios simplistas y desconectados de la realidad no tienen repercusiones o consecuencias negativas.
La gestión del presupuesto no puede ni debe hacerse con discursos fáciles o soluciones superficiales.
El presupuesto de la República es un instrumento de política pública, regido por reglas y leyes. No es solo un documento lleno de números; refleja necesidades, prioridades y desafíos. Cada ajuste presupuestario proviene de un análisis técnico que busca equilibrar demandas sociales con realidad fiscal. Quien no lo entienda se queda en la superficie, ignorando que es una herramienta de desarrollo, no una planilla estática.
Las recientes críticas al Ministerio de Hacienda con respecto al presupuesto son muestra de ignorancia, desinformación y de un pobre análisis. Llama la atención cómo algunas voces sugieren y otras hasta afirman, pareciera que malintencionadamente, que el aporte adicional hecho por el Gobierno al Fondo de Desarrollo Social y de Asignaciones Familiares (Fodesaf) fue incorrecto e incompleto, con irrespeto hacia la sentencia de la Sala Constitucional.
En atención a la resolución de la Sala Constitucional del 30 de julio, Hacienda debía asegurar un aporte estatal mínimo a Fodesaf. Según lo indicado por los magistrados, el monto mínimo en el 2024 debía ser de ¢255.583 millones. Sin embargo, el espacio y los esfuerzos presupuestarios hechos por el Ministerio permitieron asignar ¢193.452,2 millones.
La sentencia 2024021400 de la Sala ordenó cubrir la diferencia de ¢62.130,8 millones, que se realizó en dos tractos: el primero, en el V presupuesto extraordinario, por un monto de ¢29.153,7 millones, y el segundo, por ¢32.977,6 millones en el VI presupuesto extraordinario.
El origen de los recursos del primer extraordinario fue, principalmente, reintegros, que resultaron del superávit del 2023 del Programa Régimen No Contributivo de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social, por ¢20.664,4 millones, más otros reintegros y devoluciones por ¢2.189,3 millones de Fodesaf en el sistema bancario nacional.
La Ley 5662 obliga a las instituciones receptoras de recursos de Fodesaf a devolver aquellos no utilizados, los cuales, para darles uso, deben incorporarse nuevamente al presupuesto en ejecución como aporte del Gobierno. Los ¢6.300 millones restantes provinieron de varias modificaciones legislativas.
En el caso del segundo extraordinario, los recursos surgieron de un reacomodo presupuestario, gracias a los aportes de ministerios y poderes de la República. Cabe resaltar lo aportado por el Ministerio de Educación Pública (MEP), sobre lo que se nos acusa de realizar un “maquillaje contable”, llegando incluso a insinuar que un cambio de fuente de financiamiento de un programa es algo “sin nombre”; esto evidencia desconocimiento y poca profundidad analítica.
Lo aclaré ante la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa: al MEP se le pidieron ¢12.000 millones para Fodesaf, e incorporada la totalidad de los recursos en el Fondo, este le asigna ¢20.000 millones a ese Ministerio para los programas sociales que atiende. Esto hizo que, en neto, al MEP no se le redujera el presupuesto.
¿Qué pretendían los detractores de Hacienda? ¿Una salida fácil e irresponsable? ¿Perpetuar añejas prácticas de financiar gasto corriente con deuda? Creer que el gasto social puede financiarse con deuda refleja una visión populista y falta de enfoque a largo plazo. Aunque el endeudamiento puede ser útil temporalmente, su uso permanente es una amenaza para las finanzas públicas. A medida que la deuda crece, aumentan los pagos de intereses, se reduce el espacio de gasto y se estruja recursos que podrían dirigirse a destinos de alto impacto social.
Hacienda cumplió el mandato de la Sala Constitucional. El aporte adicional a Fodesaf fue gestionado con total transparencia y rigor técnico, procurando garantizar un equilibrio entre las demandas sociales y las restricciones fiscales.
Es inaceptable que con desinformación y falta de conocimiento se levanten falsas alarmas o se promuevan críticas sin sustento. Costa Rica requiere un debate más informado, más serio, que considere las complejidades del manejo presupuestario y que no caiga en simplificaciones y abstracciones de información que solo distorsionan el verdadero actuar del Ministerio y que, sin fundamento alguno, confunden a la opinión pública.
Nogui Acosta Jaén es ministro de Hacienda.
