EscucharLa Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR) celebra 180 años de haber sido fundada y los Estudios de Posgrado en Derecho, coincidentemente, festejan sus cuatro décadas.
Los Estudios de Posgrado en Derecho fueron instituidos por encargo de la decana de entonces, Sonia Picado Sotela, después de dos intensos años organizándolos. Con el apoyo de ella, yo los fundé junto con un selecto grupo de profesores, en marzo de 1983.
La celebración concluirá con un acto formal el 13 de noviembre. En estos 40 años, los programas crecieron en número y calidad, y son exitosos; un orgullo para la UCR. Pero una curiosa asociación de ideas relacionada con las próximas elecciones municipales me lleva a recordar que también ha habido desencantos, como el que paso a relatar.
Unos 10 años después, siendo director general de estos programas, decidí promover la apertura de una maestría en derecho municipal, en vista de la reforma constitucional que obligaba al Estado a cuantiosas transferencias a los gobiernos locales, lo que les permitiría emprender grandes obras sin estar preparados para custodiar y administrar los fondos adecuadamente.
Convencido de la conveniencia de fortalecer el sistema municipal, era obvio que nuevas reglamentaciones administrativas y financieras serían necesarias, las que, a su vez, demandarían un nuevo tipo de personal legal.
Así, pues, habiendo sido embajador en Francia, establecí lazos de cooperación con la Universidad de Tours, donde había un grupo de profesores expertos en derecho municipal, reconocidos por el Gobierno francés, ya que la ciudad de Tours era un modelo de administración e innovación municipales.
Ellos estaban dispuestos a unirse a los profesores costarricenses de la maestría y venir a dar cursos intensivos mensuales para enriquecer el conocimiento de los abogados de las municipalidades.
El gobierno francés nos financió un viaje a Francia a dos profesores de la UCR, a Rafael González Ballar y a mí, para negociar un convenio, y también facilitó la venida de profesores franceses para completar las negociaciones.
Estábamos de acuerdo, pero faltaba conseguir el apoyo de las municipalidades y su aceptación de dar licencia a sus abogados para que siguieran los cursos.
La Municipalidad de San José aceptó, y me dirigí entonces a la Asociación Nacional de Gobiernos Locales para gestionar el involucramiento del resto de las municipalidades.
Casi no me dejan entrar y la directora ejecutiva me escuchó con una actitud hostil, de pie en el vestíbulo, para concluir rechazando la propuesta ad portas, de muy mal modo.
Luego, me enteré de que había un enfrentamiento entre la asociación y la Municipalidad de San José y otros ocho municipios. Como resultado, las universidades tuvimos que descartar el proyecto, que solo hubiera tenido sentido a escala nacional. De seguro, los alcaldes no llegaron a enterarse de la oportunidad que perdieron en minutos.
Desde entonces, cuando veo el efecto de malas contrataciones debidas a fallas legales que suelen ocurrir en la gestión de la infraestructura, como la descarada ineficiencia (municipalidades pintando señales encima de huecos de las calles o bacheando por enésima vez una calzada, con lo que la superficie de rodamiento se deforma más), así como la corrupción (el caso Diamante y otros), recuerdo con nostalgia el fallido proyecto de maestría. Son cosas que afectan la calidad de vida de los habitantes.
Por eso, los ciudadanos deben ser vigilantes, tomar con atención y seriedad las elecciones municipales de febrero del 2024, cerciorarse de que los partidos políticos hayan sido estrictos en la escogencia de sus candidatos y no abstenerse del voto si quieren evitar ser víctimas de una mala administración y exigir una normativa municipal sólida.
El autor es exministro de Justicia, excanciller de la República, catedrático de la UCR, sociólogo, abogado y escritor.
