La dirección del OIJ interpone un recurso de hábeas corpus, a favor de los privados de libertad, que se encuentran recluidos en las celdas judiciales que a la fecha no han recibido ingreso por parte de Adaptación Social, en razón de órdenes de jueces de ejecución de la pena y la Sala Constitucional, que han determinado el cierre de los Centros de Atención Integral de Adaptación Social, por encontrarse estos con una sobrepoblación que no permite más ingresos y que atenta contra todas las mínimas garantías carcelarias que regulan los tratados en derechos humanos.
Hace algunos meses, la jueza Rosaura Chinchilla escribió en LaNación un artículo denominado “Sensatez punitiva”, y el fallecido magistrado Luis Paulino Mora Mora, presidente de la Corte Suprema de Justicia, otro titulado, “El malestar con la Justicia”.
Ambos temas aunque con un matiz diferente, nos indicaban que existe por parte de la ciudadanía un sinsabor sobre la actuación judicial y un clamor por la justicia represiva, mediante la cual se impongan mayores sanciones a los responsables de los hechos delictivos, sin analizar a priori si dicho aumento en las sanciones es la solución que se requiere para solventar el aumento de la criminalidad nacional.
La jueza Chinchilla terminaba su artículo asegurando que hay sanciones desproporcionadas en relación con los hechos sentenciados y que con ello, lo que se ha producido es un atiborramiento de las cárceles, reflexionando en la necesidad de un análisis sobre la desproporcionalidad que se da en el quantum de las penas al momento de legislar, pues como ella y la ley lo indica, lo mismo será vender una piedra de crack , que un kilo o más de cocaína.
El magistrado Mora, en su preocupación por el sentir de la ciudadanía en lo que respecta al grado de opinión de los ciudadanos por el Poder Judicial, hacía un análisis y detallaba que en Costa Rica tenemos una mejor opinión que en el resto de los países, y nos ponía en perspectiva lo que pasa.
Ambos temas no dejan de lado la excesiva criminalización, pero son parcos en reconocer que la represión excesiva, traducida en el aumento desmedido de las penas, no ha tenido los resultados esperados.
Por otro lado, el abogado Juan Diego Castro, en un artículo, “Cárceles, seguridad y economía”, hacía un análisis sobre lo que considera son simples soluciones que deben aplicarse, para solventar el problema de la sobrepoblación penitenciaria, e indicaba en su reflexión que “el frío no esta en las cobijas; hacen falta más prisiones”.
Mi experiencia y opinión es que se ha demostrado que la prevención y atención adecuada de las conductas delictivas, desde sus orígenes y causas, han generado mejores resultados que la represión misma.
Cuando a privados de libertad se les ha permitido acceder a programas de atención, con trabajo, educación y mejores oportunidades de resocialización, estos se han reinsertado a la sociedad de manera adecuada y han dado un cambio a sus vidas que no solo favorece a sus familias, sino al entorno en el cual se desenvuelven como ejemplo de que, si se quiere, se puede.
No es que seamos defensores a diestra de que no tiene que haber sanción, lo que afirmo es que si hay sanción, la obligación del Estado es establecer políticas de rehabilitación adecuadas en sus centros carcelarios para que las cárceles no sigan siendo escuelas de delincuencia tal cual hoy día son en su mayoría.
La solución al actual problema de sobrepoblación penitenciaria, la tiene Adaptación Social y el Instituto Nacional de Criminología.
Para lograr ese objetivo, debería proceder a valoraciones extraordinarias que permitan un traslado de privados de libertad, que a la fecha han cumplido requisitos para ser objeto de un cambio en su modalidad carcelaria, trasladándolos a centros seminstitucionales, en los cuales con una serie de condiciones podrán dar término a su condena, realizando con ello una reinserción paulatina a la sociedad con una oferta laboral y un arraigo familiar viable.
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