«Ninguna sociedad democrática puede existir sin una prensa libre, independiente y plural». Kofi Annan (1938), séptimo secretario general de las Naciones Unidas y Premio Nobel de la Paz (2001).
La libertad de prensa es medular para el progreso moral y material de los pueblos y un requisito esencial para la vida en democracia. Es un derecho consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política de Costa Rica: «Todos pueden comunicar sus pensamientos de palabra o por escrito, y publicarlos sin previa censura; pero serán responsables de los abusos que cometan en el ejercicio de este derecho, en los casos y del modo que la ley establezca».
Efectivamente, un derecho que conlleva responsabilidades para aquellos que lo ejercen; por consiguiente, quien se sienta afectado, puede hacer uso de los instrumentos legales establecidos por el ordenamiento jurídico de Costa Rica para hacer valer su posición. También existe por norma en los medios de comunicación, el «derecho de respuesta» para descarga de personas o instituciones que así lo requieran.
Expuesto lo anterior, es preciso referirnos a la sistemática campaña de deslegitimación de la prensa profesional que ha tomado fuerza en Costa Rica, impulsada desde el Poder Ejecutivo, la cual rechazamos tajantemente. Refleja un preocupante signo de violencia contra periodistas y otros trabajadores de medios de comunicación y constituye un ataque a la libertad de prensa cuando es ejercida como consecuencia de la actividad periodística o informativa. Es, además, una violación a la Constitución Política, a la normativa legal costarricense y a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, firmada en San José el 22 de noviembre de 1969 y a sus respectivas enmiendas.
En América Latina, las agresiones —verbales, psicológicas o físicas— a periodistas no son un fenómeno nuevo. Durante las dictaduras que caracterizaron la historia latinoamericana, la desaparición y los asesinatos de periodistas fueron algunas de las más graves agresiones contra la prensa independiente. Así también la negativa a brindar respuesta a los periodistas y los silencios por parte de fuentes oficiales, se consideran una mala señal que afecta la rendición de cuentas y la transparencia.
Demandamos del Gobierno de Costa Rica respeto por la institucionalidad democrática del país y el libre ejercicio de la prensa profesional y rechazamos cualquier intento de censura, control mediático o propagación de violencia —de cualquier índole— contra los trabajadores de la prensa.
Este texto fue suscrito por 70 ciudadanos, entre ellos, periodistas costarricenses y seis expresidentes del Colegio de Periodistas de Costa Rica, a saber: Raúl Silesky, José Luis Valverde, Heriberto Valverde, Emma Lizano, Jimen Chan y Adriana Núñez, todos preocupados por acciones recientes que se consideran contrarias al libre ejercicio profesional de la prensa en Costa Rica.