EscucharLa ausencia de una estrategia de desarrollo para las regiones periféricas de nuestro país, que conjugue la voluntad política de las autoridades gubernamentales con la capacidad de iniciativa y de acción de los recursos políticos de esos territorios, ha condenado a la pobreza y ha privado de oportunidades a miles de personas que viven al margen de los beneficios sociales y económicos que el sistema político costarricense ha venido produciendo.
El crecimiento económico y los indicadores sociales que nos ubican como uno de los países más desarrollados de Latinoamérica, son –para los habitantes de esas regiones– el espejo con el que confrontan a diario su propia y triste realidad. Y es que el uso de promedios nacionales en los indicadores socio-económicos, lo que hace es ocultar, o en el mejor de los casos disimular, la vergonzosa realidad de las desigualdades existentes entre las diferentes zonas de nuestro país.
Las provincias de Puntarenas, Guanacaste y Limón, así como los cantones fronterizos de Alajuela y Heredia, son, en todos los parámetros socio-económicos, las zonas de menor desarrollo relativo, producto de un injusto esquema de desarrollo que desde siempre ha privilegiado a las comunidades ubicadas en la región central del país.
Las promesas de cambiar esta injusta situación, formuladas una y otra vez por los candidatos presidenciales y aspirantes a diputados en las campañas políticas, al igual que por los funcionarios gubernamentales de turno, siempre han quedado en el olvido o en algún documento relegado en un rincón de alguna oficina pública.
Municipalidades. Por otra parte, las debilidades estructurales y económicas de las municipalidades, su exasperante inoperancia, imposibilitan a estas instituciones poder convertirse en los motores del desarrollo que se requiere. La transformación del régimen municipal en procura de mejorar las capacidades logísticas de los municipios, tema del que se habla desde hace años y que es recurrente en el discurso de los políticos, es otra de las deudas pendientes, en la que, por el momento, no se puede sustentar esperanza alguna.
Tantos años de desatención y abandono han acumulado en estos territorios una problemática que, aunque es difícil de superar en corto tiempo, sí es necesario empezar a combatir con acciones urgentes.
La falta de oportunidades de trabajo constituye, sin duda alguna, el problema más agudo, el que a su vez engendra indeseables y devastadores flagelos, como la prostitución y la drogadicción en su población más joven.
Desde hace tiempo, las acciones del narcotráfico se han extendido e incrementado en estas regiones, con las nefastas consecuencias que esta espernible actividad conlleva. El temor, la impotencia y la desesperanza de sus pobladores les hace augurar un aciago porvenir si no se actúa con prontitud y eficacia, no sólo para perseguir y castigar a los delincuentes, sino también para combatir sus causas con medidas preventivas.
La postración económica es fundamentalmente la causa de casi todos los problemas que sufren estas regiones. Para mitigar y resolver los múltiples problemas, es necesario elaborar y poner en ejecución un plan integral que potencie las alternativas de desarrollo que ofrecen estas zonas y que contemple acciones de corto, mediano y largo plazo.
Simultáneamente, se debe regionalizar los esfuerzos de todas las dependencias e instituciones públicas con responsabilidades en el desarrollo de estas zonas, como disyuntiva a la modalidad centralista de toma de decisiones, y estimular la participación de la ciudadanía organizada, para aprovechar el conocimiento personal y profundo de la problemática que se debe solucionar.
Para garantizar su viabilidad y éxito, un plan de esta envergadura debe contar con un liderazgo político que lo conduzca, con influencia y poder emanado de la presidencia de la República, de tal forma que le permita coordinar, con la suficiente autoridad, las diferentes instancias e instituciones públicas involucradas en el desarrollo de esas regiones, acuerpado por un equipo multidisciplinario que se encargue de los aspectos técnicos y logísticos.
No se deben seguir ignorando los problemas de las regiones periféricas, los que han venido incrementándose ante la indolencia de nuestro aparato estatal y la falta de solidaridad de sus conductores. Recordemos que la injusticia es causa de conflictos sociales que en no pocos casos derivan en violencia y que pueden tener un desenlace indeseado para el sistema democrático. Esto es razón suficiente para que, de una vez por todas, se acometa la tarea de acabar con la injusticia que desde nuestros inicios como nación se ha cometido con esos territorios y sus habitantes.
