En materia ambiental, impera el discurso camaleónico. De acuerdo con el Vigesimoséptimo informe del Estado de la Nación, hubo significativos logros en el último año, pero fueron producto de la crisis pandémica o de proyectos del pasado.
Como en la mayor parte del mundo, debido a los confinamientos, menos vehículos en las calles contribuyó a una disminución del 27 % de las emisiones de CO2 con respecto al 2020 y a una reducción en el consumo de combustibles fósiles.
Hemos mantenido buenos porcentajes de cobertura boscosa y la generación de electricidad con fuentes renovables. Los bosques primarios remanentes se han convertido en eficientes depósitos de carbono y los parques nacionales siguen atrayendo visitantes nacionales y extranjeros. Esa es la cara verde del país.
Sin embargo, el informe es contundente en señalar la persistencia de la injusticia ambiental e ineficiencia para contener el delito ecológico. Seguimos perpetuando un modelo de desarrollo extractivista, que afecta las capacidades de carga de los ecosistemas (marinos y continentales) y los hábitats esenciales, que proveen biomasa, en forma de alimento, y son vitales para la preservación de la vida acuática y terrestre.
Nos estamos alejando de ser una nación ecológicamente justa. Las tribunas internacionales se han llenado de mensajes hipócritas, donde expresamos lo que no hacemos, ni somos.
Lo aspiracional no alcanza, menos las ambiciones, porque las evidencias indican que el estilo de vida y cotidianidad en Costa Rica son insostenibles en lo relativo al uso del territorio y de los servicios que provee.
Somos ineficientes en la forma de preservar los recursos estratégicos naturales (agua, aire, ecosistemas y biodiversidad) y, como si esta lista negra fuera poco, el informe del Estado de la Nación en el capítulo ocho, titulado “Armonía con la naturaleza”, confirma que muy pocos gobiernos locales cuentan con un plan regulador y la mayoría no incorporan la variable ambiental en la planificación de sus territorios.
Por esto, y dados los frecuentes eventos climáticos extremos, el resultado de la inconsciencia se materializa en desastres, pérdidas humanas y costos millonarios a causa de la destrucción de infraestructura como carreteras, puentes o escuelas.
La condición ambiental nacional es de pronóstico muy reservado y urge un cambio en el modelo de desarrollo en el cual la visión esté centrada en la conservación de la naturaleza.
Por ahora, el futuro no es promisorio: de 18 planes de gobierno estudiados de los partidos en liza para las próximas elecciones, solo en tres (PAC, PLN y Nueva República) se encuentra una agenda que como experto puedo calificar de “apenas aceptable” para la mejora ambiental.
Los partidos políticos excluyen el ambiente de sus propuestas y desconocen los compromisos del país con la acción climática, los pagos por servicios ambientales, la gestión integrada de recursos hídricos y de residuos sólidos y la electromovilidad.
Como los camaleones, nos adecuamos al medio donde estemos: en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático del 2021 (COP26), defendimos la necesidad de trabajar en favor de la resiliencia climática global, pero ese discurso no se traduce en acciones, al menos no en cantidad ni con la urgencia que demanda el cambio climático.
El autor es académico e investigador.