EscucharLas recientes declaraciones de la ministra de la Presidencia, Laura Fernández, criticando la labor de la Fiscalía y, en particular, al fiscal general, Carlo Díaz, por sus acciones en el llamado caso Barrenador representan una afrenta directa a la división de poderes que sustenta una democracia sana.
Montesquieu, en su teoría de la separación de poderes, señaló que el equilibrio entre el legislativo, el ejecutivo y el judicial es esencial para garantizar la libertad y la justicia. Esta teoría parte de la premisa de que la centralización excesiva de poder conduce a la tiranía; por tanto, dividirlo en instancias garantizaría que, si alguno de estos flaquea o actúa contrario a las reglas, sea corregido con base en esas mismas reglas, siguiendo los procedimientos.
Es precisamente esta propuesta la que parece estar en juego cuando el Ejecutivo busca deslegitimar a quienes tienen la tarea de investigar posibles delitos o, como en este caso, supuestos actos de corrupción.
El fondo del ataque de la ministra Fernández, tachando de “abuso de poder” y “clara amenaza” la actuación de la Fiscalía, revela un preocupante desconocimiento del papel que desempeñan las instituciones judiciales en un Estado de derecho con alto grado de solidez como el costarricense.
Sus desafortunados cuestionamientos son una muestra de desconocimiento sobre sus funciones. Montesquieu insistía en que la moderación es fundamental para mantener las democracias fuertes, y las palabras de la ministra no solo carecen de moderación, sino que exacerban tensiones políticas y sociales, lo cual se está convirtiendo en una marca registrada de su gobierno.
Es evidente que Fernández sobrepasa el límite entre poderes con declaraciones cargadas de un sensacionalismo innecesario.
El filósofo John Locke también defendía la necesidad de mantener los poderes separados para evitar la concentración del poder en una sola entidad o individuo. Fernández, al tildar el operativo judicial de abuso de poder, no hace más que alimentar la percepción de que el Ejecutivo desea controlar o limitar el alcance de la justicia cuando esta pueda afectar sus intereses.
Sus declaraciones no solo son un ataque al fiscal Díaz, sino a la estructura democrática en su conjunto. En una sociedad que respeta la pluralidad y el Estado de derecho, como sugiere Montesquieu, los poderes deben coexistir sin interferencias indebidas y, sobre todo, con respeto hacia los procedimientos.
Fernández, en lugar de criticar, debería recordar que la justicia independiente es una garantía de libertad para todos los ciudadanos, incluidos aquellos que se encuentran en las más altas esferas del poder.
josedaniel.rodriguez@ucr.ac.cr
El autor es politólogo, especializado en estudios avanzados en derechos humanos y profesor de la Universidad de Costa Rica.
