EscucharEl 23 de enero de 1958, un grupo de oficiales del Ejército venezolano derrocó al brutal dictador Marcos Pérez Jiménez, que había gobernado durante seis años —más tiempo del que merecía— gracias a una bonanza petrolera.
Poco tiempo después, se llevaron a cabo elecciones que dieron inicio a un período de 40 años de democracia representativa, sustentada por una sociedad civil vibrante, precios altos del petróleo (en su mayoría) y aumentos concomitantes del gasto y la corrupción —esta última, en general, tolerada—.
Fue recién a mediados de la década de los 90 cuando los precios del petróleo más bajos y un estancamiento económico pusieron fin al Pacto Punto Fijo, que recibió su nombre por la ciudad donde los principales partidos políticos de Venezuela negociaron un acuerdo de distribución del poder y acordaron respetar los resultados electorales.
Dado este precedente, muchos observadores se han preguntado por qué las fuerzas armadas venezolanas no han intentado derrocar al presidente Nicolás Maduro, que asumió el poder después de la muerte de Hugo Chávez en el 2013.
Después de todo, Maduro tiene mucho que juega en su contra. Presidió un colapso económico, con una reducción del producto interno bruto (PIB) de aproximadamente tres cuartas partes entre el 2014 y el 2021. La producción de petróleo se ha desplomado, los productos básicos escasean y casi ocho millones de venezolanos —más de una cuarta parte de la población de Venezuela— han huido del país. Su elección del 2013 se vio empañada por acusaciones de fraude y su gobierno ha estado plagado de escándalos gigantescos de corrupción. Asimismo, al no haber servido nunca en el Ejército, Maduro carece de la lealtad institucional de la que gozaba Chávez.
Pero aun si Maduro logró retener la lealtad de las fuerzas armadas durante la primera década de su régimen, uno podría preguntarse con razón por qué la elección presidencial fraudulenta del 28 de julio no ha provocado una repetición del golpe de 1958.
Los observadores electorales internacionales y los gobiernos extranjeros, entre ellos Estados Unidos, la Unión Europea y una decena de países de América Latina, han concluido que Maduro descaradamente le arrebató la elección al candidato opositor Edmundo González, que huyó a España después de que Maduro se adjudicara la victoria.
González ha apuntalado su argumento de que ganó por un margen de 3 a 1 con hojas de recuento de más del 80 % de los centros de votación. Maduro, por su parte, no ha podido presentar un solo documento que pruebe su presunta victoria, a pesar de la presión de varios gobiernos de izquierda en la región para que lo hiciera.
No es la primera vez que se escucha hablar de un cambio de régimen de estas características en América Latina. Frente a acusaciones similares de fraude electoral en el 2019, Evo Morales, el presidente de izquierda más popular y exitoso de Bolivia, fue derrocado por el Ejército de su país, que “le sugirió” renunciar.
De hecho, más allá de las explicaciones obvias de la supervivencia de Maduro —desde engatusar a los militares hasta frustrar los intentos de la oposición y Estados Unidos de desbancarlo—, existe una razón crucial, muchas veces ignorada, del porqué sigue en el poder: el contingente cubano.
Desde que el ejército venezolano intentó infructuosamente derrocar a Chávez en el 2002, Cuba ha enviado a miles de médicos, enfermeras, instructores de deporte, asesores de seguridad y agentes de inteligencia al país, a cambio de petróleo venezolano a precios subsidiados. Actualmente se estima que la cantidad de cubanos asciende a unos 15.000, pero la cifra ha llegado a 30.000 en el pasado. Estos trabajadores tienen la tarea de blindar a Maduro contra cualquier intento de golpe, como lo hicieron con Chávez, esencialmente monitoreando de arriba abajo al Ejército venezolano.
Las fuerzas de seguridad cubanas están bien preparadas para la tarea. En los años 60, el aparato de seguridad de Cuba reveló una serie de conspiraciones —algunas reales, otras imaginarias— contra el régimen comunista. Pero lo más importante es la absoluta lealtad del contingente cubano en Venezuela —no hacia Maduro, sino más bien hacia el gobierno cubano—.
Esto subraya lo inusual de la situación. Es difícil imaginar al Servicio Secreto, al FBI o a la CIA operando en un país extranjero al servicio de un líder autoritario, pero respondiendo solo a Estados Unidos.
Mientras que muchos venezolanos se sienten incómodos con esta situación, para Maduro tiene un valor incalculable. A diferencia de sus homólogos venezolanos, el personal de inteligencia y seguridad de Cuba no tiene que escuchar a sus familias quejarse por la falta de alimentos, medicamentos o ropa. Como no se ven absorbidos por la furia y la frustración de los venezolanos con el régimen, este acuerdo ha soportado un grado extraordinario de turbulencia política, aun cuando la economía se derrumba y la gente vota con los pies.
Mientras el contingente cubano esté en Venezuela, no es arriesgado suponer que los militares locales no se levantarán contra Maduro —a menos, por supuesto, que llegara la orden del gobierno cubano—. Pero parece poco probable: puede que el despiadado exministro del Interior de Cuba Ramiro Valdés ya no supervise las operaciones en Venezuela, pero el gobierno no se ha desviado de los principios que lo guiaron.
Los países que buscan una salida para el atolladero de Venezuela, entre ellos Estados Unidos, México, Colombia y Brasil, harían bien en conseguir la cooperación cubana para una solución pacífica y democrática a la crisis de gobernabilidad. Con una presencia cubana considerable en el país, nadie debería contar con que los militares se vuelvan contra Maduro.
Jorge G. Castañeda, exministro de Relaciones Exteriores de México, es profesor de la Universidad de Nueva York y autor de America Through Foreign Eyes (Oxford University Press, 2020).
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