En el año 2009 se publicó la investigación Cultura de la Constitución en Costa Rica, respaldada por una encuesta del INEC, con una muestra de 1.215 personas, cuyo fin era reflexionar sobre uno de los problemas más graves en el país: el incumplimiento de las leyes y la Constitución, y los valores subyacentes a este comportamiento.
Dos estudios similares se habían hecho en México y Argentina, y evidenciaron que la mayoría de los entrevistados admitían tener un conocimiento precario de la Constitución Política, a pesar de que dijeron valorarla en gran medida.
A lo anterior se sumó la falta de credibilidad y confianza en las instituciones, así como el endurecimiento de la sociedad debido a los problemas de inseguridad y violencia, entre otros.
En el caso costarricense, y sin perjuicio de diferencias significativas, quedaba de relieve un problema similar en torno a las conflictivas relaciones entre ley y sociedad.
El jurista alemán Peter Häberle desarrolló el concepto de cultura constitucional definiéndola como “la suma de actitudes e ideas, de experiencias subjetivas, escalas de valores y expectativas” tanto de la persona como de sus asociaciones, de los órganos estatales y cualesquiera otros relacionados con la Constitución.
Por ello, generalmente, los límites que definen la conducta social hacia ciertos estereotipos tienen su anclaje en los valores y las percepciones que la sociedad tiene sobre sí misma. No sorprendería, por tanto, conocer que los costarricenses sigan siendo propensos a transgredir la ley en beneficio propio, como en el estudio del 2009, sin importarles las consecuencias colectivas que acarree, a pesar del conocimiento de la ley.
Un ejemplo es el comportamiento de los jerarcas del Poder Ejecutivo. No obstante, esa autopercepción ciudadana, o la que tiene el colectivo social sobre sí mismo, no alcanza para justificar una apreciación personal de los valores, los principios y las reglas que dispone una carta fundamental.
Incluso, no tiene lugar siquiera en el neoconstitucionalismo, corriente de pensamiento que supera el enfoque de la constitución tradicional que privilegia la defensa de la estructura de los poderes del Estado y mantiene una defensa limitada de los derechos individuales, para apuntar a la defensa de la supremacía de los derechos humanos, el control de constitucionalidad, el constitucionalismo inclusivo y social, y la interpretación extensiva de los valores constitucionales.
México renovó un estilo de gobernar propio del clientelismo, hijo pródigo del populismo que procura la centralización del poder, el control de los poderes del Estado y los medios de comunicación, y que también se expresa como caudillismo.
En el Cono Sur, Javier Milei se autoproclama salvador de Argentina, el outsider ultraliberal o libertario dispuesto a liquidar la elevadísima inflación a cualquier costo, ¿incluidos los argentinos?
En Costa Rica, un gobierno antisistema, ni siquiera original, renuncia a fortalecer la educación pública, desampara la salud y desatiende la seguridad, y se erige sobre la “verdad alternativa”, una noción que no existe en ninguna democracia real.
En Bolivia, a Evo Morales no le bastaron 14 años en el poder, dichosamente no de manera consecutiva, para aspirar de nuevo al antiguo Palacio Quemado.
Está muy claro que se trata de la “escuela” del PRI y ahora Morena en México; la del justicialismo en Argentina; el perverso, ordinario e ignorante chavismo venezolano; el sandinismo criminal orteguista; y un nuevo espectro bolivariano en El Salvador. A falta de memoria, el patético caso de la Cuba libre de los Castro.
La obra Cultura de la Constitución a la que se refiere este artículo fue pensada como un punto de partida, como un proyecto que deberá ampliarse y actualizarse de manera periódica para mantener su vigencia.
Esta aspiración se revela 15 años después como la necesidad impostergable de consultar nuevamente a los costarricenses y a los latinoamericanos cuáles son sus expectativas acerca de una democracia que dicen respetar, pero no conocen; que prefieren sobre otro sistema de gobierno, pero no defienden.
En medio de la aparente indiferencia, y para detener por las vías legales el ascenso de una nueva pequeña burguesía política —nada discreta y mucho menos encantadora, pero sí arribista y chabacana—, la voluntad y la verdad de un pueblo culto tienen que expresarse pronto de manera muy contundente y con un claro sentido de la oportunidad. Como el proverbio universal que dice: “Es mejor encender una vela que maldecir la oscuridad”.
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Luis Alberto Cordero Arias es abogado, especializado en Derecho Parlamentario y Derecho Electoral. Fue negociador en nombre de Costa Rica del Tratado sobre Comercio de Armas y director del Centro de Asesoría y Promoción Electoral (Capel) del Instituto Interamericano de Derechos Humanos.