El envejecimiento no es una enfermedad ni un problema sanitario

Según datos recientes del Observatorio del Envejecimiento de la Universidad de Costa Rica (UCR), más del 56% de la población adulta mayor no recibe una pensión contributiva básica. Esto equivale a más de 200.000 personas adultas mayores en condiciones de sobrevivencia precaria. Y para 2040, la población mayor de 65 años superará el millón, una meta que se alcanzará diez años antes de lo previsto. Mientras tanto, el costo mensual de atención en centros gestionados por organizaciones de bienestar social ronda los ¢600.000, y puede ser el doble o más en el ámbito privado. ¿Cómo enfrentamos esta realidad con un Conapam que apenas cubre al 20% de esta población?

Durante una reciente comparecencia ante la Comisión Especial de Modernización del Estado en la Asamblea Legislativa, el director del Observatorio, Carlos Murillo, fue enfático: el fortalecimiento de Conapam no depende de dónde esté ubicado, sino de que cuente con autonomía administrativa y financiera suficiente. Lo urgente es “blindar” el Consejo de los vaivenes presupuestarios y políticos de cada administración, y dotarlo de las herramientas necesarias para ejercer una rectoría nacional multisectorial en materia de envejecimiento. El simple traslado al Minsa no lo logra.

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La propuesta legislativa ignora, además, que el fenómeno del envejecimiento es multidimensional. No se limita a lo sanitario: incluye la vivienda, la movilidad, el acceso digital, el trabajo, la cultura, la protección patrimonial y la participación social. Reducir el campo de acción de Conapam al ámbito de la salud pública es como pretender resolver la pobreza solo desde el Ministerio de Agricultura: una incongruencia conceptual.

Costa Rica necesita una estrategia nacional integral de largo plazo que reconozca el envejecimiento como uno de los principales desafíos sociales y económicos del siglo XXI. Experiencias internacionales –como las de Japón y Noruega– demuestran que cuando se articula la acción del Estado en educación, salud, pensiones, empleo y participación ciudadana, el envejecimiento puede ser una oportunidad y no una carga. Es lo que se conoce como la “economía plateada”: las personas adultas mayores no solo consumen, también producen, cuidan, transmiten conocimiento y sostienen redes comunitarias.

Además, como lo señaló la investigadora Emiliana Rivera en la misma sesión legislativa, el país debe equiparar los derechos de las personas adultas mayores con los de otros grupos históricamente protegidos como la niñez o las mujeres. Para ello, no basta con leyes o discursos. Se requiere una institucionalidad robusta, con capacidad de gestión, alcance territorial y recursos estables.

Rivera también advirtió sobre la obligación urgente de atender las necesidades del cuidado y el creciente abandono, maltrato y explotación patrimonial que afrontan muchas personas adultas mayores en el país. ¿Cómo atender esta realidad si seguimos debilitando al ente rector?

El argumento del Ministerio Nacional de Planificación Económica (Mideplán) para justificar el traslado –la supuesta incongruencia entre la adscripción a Presidencia y las competencias del Conapam— es técnicamente débil si no se acompaña de una redefinición funcional real. La adscripción administrativa, por sí sola no garantiza ni eficiencia ni eficacia, como bien lo saben quienes han trabajado en política pública.

La iniciativa, además, se contradice con una tendencia regional: en varios países de América Latina, los temas de envejecimiento se gestionan desde instancias de desarrollo social, no de salud. ¿Por qué? Porque entienden que el envejecimiento es un tema de derechos humanos, desarrollo y equidad intergeneracional.

El propio proyecto admite que el envejecimiento debe abordarse con una visión de curso de vida, pero luego encierra al Conapam en la estructura de un ministerio que ya enfrenta enormes retos con sus competencias actuales. ¿Tendrá el Minsa la capacidad institucional, política y presupuestaria para liderar el cambio estructural que se requiere?

Costa Rica debe ir más allá de una simple reubicación administrativa. Lo que se necesita es una reforma integral de Conapam que incluya su fortalecimiento como ente rector nacional, con verdadera autonomía, diversificación de fuentes de financiamiento, ampliación de su cobertura y capacidades técnicas y una articulación efectiva con gobiernos locales y otros sectores.

En suma, el traslado propuesto no toca el fondo del asunto, como advirtió el Observatorio del Envejecimiento. El país requiere una política pública sólida, con visión a 30 o 50 años, que respete la dignidad de las personas adultas mayores y aproveche su contribución al desarrollo.

El envejecimiento no es una enfermedad ni un problema sanitario: es una realidad social estructural que exige soluciones sistémicas, no atajos administrativos.

El envejecimiento poblacional es una tendencia global que presenta retos múltiples y complejos. No es simplemente mover una ficha, sino entender el tablero y prever las jugadas futuras.

Es un tema que requiere estrategias integrales, como el diseño de políticas públicas que fomenten sistemas de salud sostenibles, la seguridad económica de personas adultas mayores y el desarrollo de programas intergeneracionales, entre otros.

En este “ajedrez”, cada pieza tiene un rol importante: la educación, la tecnología, la economía y hasta la cultura se entrelazan para enfrentar los desafíos y aprovechar las oportunidades del envejecimiento de la población.

Fernando Morales Martínez es decano de la Facultad de Medicina. Carlos Murillo Zamora es director del Centro de Investigación Observatorio del Desarrollo (CIOdD). Agustín Gómez Meléndez es coordinador de Proyectos de Investigación y Acción Social del Centro de Investigación Observatorio del Desarrollo (CIOdD). Emiliana Rivera Meza es investigadora del Centro de Investigación Observatorio del Desarrollo (Proyecto Observatorio del Envejecimiento).