Se deben analizar las alternativas, dentro del ordenamiento jurídico, para evitar los posibles racionamientos de energía anunciados por el presidente ejecutivo del ICE, Marco Acuña Mora, el 5 de julio, si a la institución no se le exime de la aplicación de la regla fiscal.
Acuña señaló además que la demanda eléctrica crece, pero la oferta no, y, según su criterio, podría llegar un momento en que la demanda supere la oferta, con graves consecuencias para la población.
Se debe aclarar que desde la administración Alvarado profesionales y gremios vienen alertado que es imposible hacer frente a las responsabilidades generales del ICE si se sigue imponiendo un límite al gasto y, debido a la regla fiscal, algunas de sus actividades operativas y de mantenimiento de infraestructura corren el riesgo de colapsar a mediano plazo.
Es un asunto delicado y debe ser atendido por la Asamblea Legislativa cuando analice y apruebe la iniciativa planteada por el Poder Ejecutivo tendente a eximir de la medida a varias instituciones.
La demanda creció de enero a mayo del 2023 (últimos datos del ICE) un 1,54 %, incremento acorde con las estimaciones que previamente realiza la Dirección de Planificación del ICE.
¿Cómo responder a la subida de la demanda? El ordenamiento jurídico contempla varias opciones: la construcción de plantas por el propio ICE; la contratación de generadores privados, por medio de la Ley 7200; la construcción de plantas por empresas distribuidoras, de conformidad con la Ley 8345; o la participación de cooperativas de electrificación rural y de las empresas de servicios públicos municipales en el desarrollo nacional.
Mientras las autoridades de la institución argumentan que el ICE está imposibilitado para desarrollar nuevas obras, se puede aprovechar la legislación de generación privada para agregar nuevas plantas al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) con tecnología ampliamente usada en el mundo.
En particular, me refiero a las plantas solares y eólicas, cuyo nivel de riesgo es mucho menor que el de las opciones hidroeléctricas y se contratan en condiciones favorables.
Sería interesante para el país incorporar plantas solares con respaldo de baterías, que inyectan energía aun cuando no hay radiación solar.
La opción es realizar una subasta entre empresas privadas, por períodos cortos de contratación, con el fin de aprovechar las mejoras tecnológicas y reducción de costos que aparezcan en el mercado.
Algunos sectores afirman que esta alternativa se traduciría en precios más elevados para los consumidores, pero, por el contrario, es un mecanismo que aseguraría los mejores precios si la contratación se lleva a cabo mediante contratos diferentes de los actuales, que requerirán una estrecha coordinación entre el ICE y la Aresep.
Los compromisos adquiridos en el pasado para plantas nuevas daban garantías a los generadores privados de repago de las inversiones (gastos en construcción) al mismo tiempo que se les compraba toda la energía que producían, aunque no fuera necesaria.
Partiendo del hecho de que tenemos condiciones muy diferentes, debidas a los cambios tecnológicos, la propuesta consiste en contratos que consideren el menor riesgo de las plantas solares y eólicas, y trasladar parte de este a los inversionistas. El pago de la energía se haría solamente cuando sea requerida, y se definiría un pago por la potencia que las plantas garanticen o pongan a disposición del SEN.
Las subastas tienen el potencial de promover inversiones en Alajuela o Belén, más cercanas a los centros de mayor consumo de electricidad, o dentro de estas para reducir los costos de transmisión.
¿Racionamientos por falta de nuevas plantas?
Esta propuesta, cuyo fin es atender la demanda de electricidad, debe ir acompañada del respaldo de generación de energía térmica, en vista de las condiciones causadas por la variabilidad climática, caracterizada por el fenómeno de El Niño (disminución de lluvias) y otros.
Es necesario aclarar que es equivocado pensar que con la incorporación de nuevas plantas renovables vamos a eliminar la generación térmica y la importación de energía del Mercado Eléctrico Regional (MER).
Una regla básica para la operación de un sistema eléctrico compuesto mayormente por plantas hidroeléctricas, como el costarricense, es que se concibe con plantas térmicas de respaldo, dadas sus características, que cuenta con el 67 % de plantas hidroeléctricas y de las cuales el 60 % no tienen capacidad de almacenamiento.
Esta condición se agrava con la fuentes eólicas, porque tienen períodos de muy bajas velocidades de viento, y las solares, porque reducen su producción todos los días y tampoco tienen capacidad de almacenamiento.
Es una característica básica del SEN que esta administración no previó al prometer una baja en las tarifas eléctricas, porque no dependía de su gestión, sino del comportamiento de las condiciones climáticas y de afrontar sequías o efectos de El Niño. Igualmente, las rebajas que se dan en algunos períodos son producto de épocas de abundancia de recursos y no de la gestión política.
La conclusión es que hay opciones para incorporar nuevas plantas al SEN y, de esa manera, evitar los posibles racionamientos anunciados por Acuña, lo cual podría sembrar incertidumbre en futuros inversionistas nacionales y extranjeros, que tanto requiere nuestro país para aumentar el empleo y reactivar la economía.
El autor es exdirector del Cence-ICE.