Escuchar
El lenguaje nunca es neutro. Como señala la Organización de las Naciones Unidas, es un transmisor de valores y actitudes culturales que puede perpetuar estereotipos, pero también desafiarlos.
El uso del lenguaje inclusivo en el ámbito jurídico no es un mero detalle de estilo; es una acción política y ética que reconoce las diversidades de identidades y sus realidades. Realidades de violencia y discriminación como las reflejadas por las 3.000 niñas víctimas de delitos sexuales en el 2022, frente a 518 niños, y las 2.650 imputaciones que involucran a hombres, frente a 144 a mujeres, según el Observatorio de Violencia de Género y Acceso a la Justicia del Poder Judicial.
El uso del masculino genérico invisibiliza a las mujeres y a las diversidades sexo-génericas, reforzando las discriminaciones y violencias que enfrentamos.
En Costa Rica, a pesar de los avances legales, las mujeres siguen enfrentándose a barreras estructurales para obtener justicia. Así lo evidencian los informes sombra presentados al Examen Periódico Universal y al Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw), cuyas observaciones y recomendaciones reiteran la existencia de profundas desigualdades de género.
Estas barreras no solo limitan el acceso a la justicia, sino que también perpetúan la violencia de género mediante prácticas judiciales que reproducen dinámicas discriminatorias.
Una vía fundamental para derribar estos obstáculos es reconocer que el lenguaje jurídico nunca ha sido imparcial ni meramente descriptivo. Por el contrario, tiene el potencial de ser un motor de transformación social e inclusión.
Adoptar un lenguaje inclusivo no es un cambio menor; implica fomentar una práctica jurídica y cultural que, desde la perspectiva del realismo jurídico, no solo transmite normas, deberes y derechos, sino que cuestiona y redefine las dinámicas de poder profundamente arraigadas en el sistema de justicia.
Desde esta visión, el derecho se concibe como un reflejo de la realidad social en constante evolución. El lenguaje inclusivo se posiciona como un mecanismo indispensable para desmantelar las jerarquías patriarcales que históricamente han sostenido las desigualdades jurídicas.
Estamos lejos de que la Real Academia Española (RAE) incorpore el lenguaje no discriminatorio en su normativa. Basta con recordar que hasta 1978 no se incorporó una mujer a la institución y que, en más de 300 años, nunca ha habido una presidenta en la RAE.
No obstante, existen ejemplos valiosos, incluso en Costa Rica, de acciones para transformar las estructuras discursivas que legitiman la exclusión y la discriminación. Desde el 2009, el Poder Judicial promueve el lenguaje inclusivo y reconoce su relevancia para garantizar una justicia igualitaria.
En el 2012, el Consejo Superior del Poder Judicial aprobó la política de lenguaje inclusivo y giró directrices para garantizar la visibilidad de mujeres y hombres en todas las comunicaciones, resoluciones y procesos de capacitación.
Esta política tiene como fin cumplir con el compromiso institucional de igualdad y equidad de género mediante la promoción de prácticas inclusivas en el campo judicial.
Aunque el uso del lenguaje inclusivo es inevitable, el masculino genérico sigue predominando entre quienes imparten justicia. Para que este cambio cale, es necesario que instituciones, profesionales en derecho y sociedad civil trabajen en conjunto para utilizarlo como una herramienta transformadora. Solo así será posible cambiar de una cultura jurídica y social que normaliza las desigualdades de género a otra que desmantele los patrones lingüísticos que perpetúan estas desigualdades.
El 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, recordemos que la transformación comienza por nombrar las realidades: nombrar las violencias y, sobre todo, a quienes han sido históricamente invisibilizadas.
El lenguaje inclusivo no es solo una cuestión de justicia semántica; es un acto de resistencia frente a siglos de discriminación, violencia y exclusión.
larissa.arroyo.navarrete@una.cr
Larissa Arroyo Navarrete es abogada, especialista en derechos humanos y género, y académica en la Universidad Nacional (UNA).
