EscucharDe la misma manera como la Junta Directiva de la CCSS dispuso de todos los recursos posibles para la atención de la pandemia con miras a proteger la vida de los habitantes, debe declarar emergencia institucional las listas de espera y dedicarse de lleno a atender vigorosamente un problema que también amenaza la vida y la salud de la ciudadanía.
Las listas de espera son el mayor reto que afronta la institución. Los pacientes esperan citas con especialistas, en consulta externa, diagnósticos, intervenciones quirúrgicas y tratamientos que, según la patología, las requieren de manera inmediata.
Se convirtió en un drama humano porque hay quienes esperan 200 y hasta 1.000 días atención que debería ser pronta. Cinco especialidades concentran el 80% de las listas de espera: cirugía general, ortopedia, oftalmología, ginecología y urología. El 75%, en 10 centros de salud.
Después de meditar profundamente, me atrevo a trazar, en términos generales, una ruta con siete medidas puntuales:
1. Declaración de emergencia durante 12 meses para acabar con las listas de espera a fin de liberar y destinar recursos suficientes a afrontar la situación.
2. Destinar toda la capacidad instalada de la institución a la atención de la gente en lista de espera, como en la pandemia, sin que ello signifique descuidar el servicio de emergencias.
3. Establecer segundos turnos o, en su defecto, jornadas vespertinas con estrictos controles de medición de resultados semanales.
4. Organizar las jornadas especiales de tratamiento integral en zonas rurales para disminuir la espera en determinados centros asistenciales regionales y periféricos, lo cual implica que equipos de especialistas se desplacen a zonas alejadas para que atiendan las principales patologías. Acciones similares se emprendieron en el pasado de manera exitosa con participación de profesionales en ciencias médicas, técnicos, administrativos y personal de apoyo logístico.
5. Ampliar el contrato con las cooperativas para usar sus capacidades en procura de alcanzar objetivos estratégicamente previstos.
6. Suscribir un convenio con el Hospital del Trauma a fin de efectuar procedimientos ortopédicos de baja, mediana y alta complejidad. Ya hubo convenios de esta naturaleza.
7. Durante los 12 meses de la declaración de emergencia, previa fijación de costos de los procedimientos, contratar los servicios privados de salas de operaciones, procedimientos de diagnósticos y cirugías de baja y mediana complejidad, y activar la conformación del sector sanitario poniendo a disposición del interés público los recursos.
Estas medidas de emergencia por tiempo definido tendrían un enorme impacto en la disminución de las listas de espera y permitirá después efectuar un análisis profundo para definir la continuidad de acciones complementarias y mantener la sostenibilidad de las acciones de carácter excepcional para garantizar la continuidad y evolución en el tiempo.
Una vez que concluya la declaración de emergencia, será posible evaluar los resultados para la toma de decisiones con el propósito de acortar el tiempo de atención de los pacientes a límites razonables, de tres a seis meses.
La Junta Directiva, en el ejercicio de sus competencias y potestades constitucionales en materia de gobierno y administración de los seguros sociales, debe conocer de manera inmediata una propuesta del Centro de Desarrollo Estratégico e Información en Salud y Seguridad Social (Cendeisss) para duplicar la formación de especialistas y llenar 220 plazas aprobadas en el 2016 para estudios en el extranjero.
Estas plazas están vacantes debido a las dificultades que representa el reconocimiento de títulos obtenidos en el exterior. Deberían liberarse para agregarlas a las plazas ordinarias que se programan cada año.
La emergencia institucional es un asunto de justicia social, responde a la demanda insatisfecha de las poblaciones que claman por atención médico-quirúrgica oportuna. En síntesis, esta propuesta tiene que ver con la esencia de la seguridad social, que una vez más se pone a prueba, inspirada en la defensa de los principios de equidad, solidaridad y universalidad que han constituido las bases de nuestra paz social y nuestro Estado social de derecho.
El autor es representante de las cooperativas.
