EscucharLa planificación sobre la base de formulaciones de política pública, antes que de programas o proyectos, es en Costa Rica una práctica que apenas se inicia y ofrece enormes desafíos y oportunidades cuando lo que se pretende es coherencia entre los planes nacionales y los quehaceres institucionales. Este desafío es especialmente atinente a políticas sociales, ámbito en el que el sentido común suele ocultarse como sombra en la oscuridad.
Los programas de transferencias condicionadas y muchas ayudas estatales con recursos del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares y otras fuentes son calificados, en general, como “necesarios” para contrarrestar la pobreza y desigualdad a corto plazo, pero la mayor parte de las veces, esa valoración no tiene suficiente sustento técnico.
Se acepta su importancia porque sí, con una ingenuidad que se contrapone con la profesionalización de que hacen gala las instituciones, los partidos políticos y el mismo Ministerio de Planificación (Mideplán), entidad rectora del Plan Nacional de Desarrollo. Ya es hora de que las políticas sociales pasen por el tamiz de la evaluación, de modo riguroso, condición clave para la efectividad y el cambio social esperado. Para ello, hay que hacer evaluaciones.
Casos concretos. Basta un recorrido por algunas de estas políticas. Por ejemplo, la Red de Cuido, de la que casi todo el mundo reconoce su importancia y posee un presupuesto de ¢23.000 millones anuales. Es manejada desde una Secretaría Técnica compuesta por 15 funcionarios, sin ningún tipo de estructuración lógica interior.
No existen mecanismos internos para la delegación de funciones ni posee capacidad técnica ni gerencial para planificar ni para tomar el pulso del universo de instituciones vinculadas a las tareas de cuidado en el país; no tiene claridad sobre la población meta que atiende, ni sistemas ni un marco legal adecuado. Está adscrita al IMAS y maniatada por esa misma adscripción.
Otro ejemplo emblemático es el programa Avancemos, con presupuestos cercanos a ¢49.000 millones anuales, pero cuyo impacto se desconoce realmente, aun cuando existen evaluaciones parciales referidas a procesos.
¿Se traducen en realidad los recursos en reinserción al proceso educativo de los jóvenes? ¿Cuáles son los indicadores mediante los cuales se mide el éxito? ¿Está claramente identificada la población beneficiaria? ¿Qué nivel de seguimiento otorga el Ministerio de Educación?
Otro caso es el de las becas dirigidas a adolescentes embarazadas y madres a cargo del PANI. Con buena intención, pero sin mecanismos de coordinación con el sistema escolar y con muy exigua capacidad de manejo de información en las oficinas desconcentradas de la institución. ¿En qué consiste su impacto real y cuáles son los supuestos que le dan sustento al programa?
Condición necesaria. Se necesita, por tanto, evaluar las políticas sociales. Es decir, generar las condiciones necesarias de diagnóstico y resultados esperados, de estructura y organización, de manejo de sistemas de información y de supuestos que hagan viable la evaluación.
Allí, el Mideplán tiene mucho que ofrecer, sobre todo ahora que entre sus funciones cuenta con un equipo que se supone hace el seguimiento y la evaluación en el ámbito público.
Una agenda nacional de evaluación cobra sentido solo si la evaluación es viable y si este ejercicio se traduce en mejoras, rectificaciones y decisiones de política en forma oportuna que contribuyan a una mejor calidad de vida.
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Es necesario evaluar antes de invertir los recursos en informes de papel que no mejoran la vida humana.
Arrollarse las mangas y acometer una intensa labor de asistencia técnica hacia las instituciones para una cirugía reconstructiva de la política social, pareciera ser uno de los grandes desafíos.
El autor es sociólogo, especialista en monitoreo y evaluación.
