EscucharEl Incopesca publicó en La Gaceta un acuerdo de su Junta Directiva que de un plumazo agregó 200 nuevas especies a la lista de interés pesquero.
El acuerdo no hace más que manifestar de nuevo la abierta posición extractivista que caracteriza a esta agencia gubernamental. Una posición que va en contra de las obligaciones legales de la desprestigiada institución, según las cuales debería velar por la conservación, el aprovechamiento y el uso sostenible de los recursos biológicos del mar y de la acuicultura, basándose en criterios técnicos y científicos.
Una serie de acontecimientos desafortunados condujeron a Costa Rica hasta esta crítica situación. Sin fundamento científico que respalde la osada decisión, el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) sustenta sus acciones en la deficiente Ley de Pesca y Acuicultura (n.º 8436), promulgada en el 2005.
En el artículo 2, la legislación define los recursos marinos pesqueros como todo organismo que viva (total, parcial o temporalmente) en el mar y que sea susceptible de ser extraído sosteniblemente.
Aunque es una definición vaga, se supondría que antes de ingresar una especie en esa lista, el Incopesca debiera asegurarse de que la extracción es posible sin agotar los recursos. Quienes conocemos la forma de operar de la institución y su escasa capacidad científica podemos asegurar que tal sostenibilidad no fue evaluada con respecto a ninguna de las especies en el listado.
Sin embargo, la Ley de Creación del Incopesca establece que será el Incopesca el órgano que emita opiniones de carácter técnico y científico en la totalidad de lo relacionado con la flora y la fauna marinas y de acuicultura.
Lamentablemente, ni quienes redactaron la ley ni el Estado se preocuparon (ni se preocupan) por dotar a la agencia de la capacidad técnico-científica para brindar este tipo de opiniones. No solo no posee los recursos humanos, técnicos y financieros necesarios, sino que en varias ocasiones los criterios de los departamentos técnicos son despreciados en favor de criterios políticos o económicos.
Para complicar más el panorama legal, la Ley de Conservación de la Vida Silvestre no se aplica a las especies de interés pesquero o acuícola, excepción contemplada en el artículo 1.
A causa de esa excepción, la vida silvestre marina deja de serlo cuando es incorporada de manera antojadiza y sin fundamento científico a esa lista, mantenida por el Incopesca. De esta forma fue como tiburones, corales, tortugas, iguales, algas, etc., fueron declarados objeto de extracción comercial.
Está claro que en las últimas tres décadas el sector pesquero se ha beneficiado de la promulgación de leyes que eximen al Incopesca de la supervisión y consienten la injerencia de otras agencias estatales en el manejo de los recursos pesqueros.
La creación de este “fuero legal” permite al Incopesca dictar independientemente autorizaciones para la pesca y exportación de especies vulnerables o en peligro de extinción, así como incluir otras, de las que se desconoce el estado de sus poblaciones, en listas de especies susceptibles de ser capturadas o pescadas. Todo esto sin contar con fundamentos científicos ni técnicos mínimos y sin ninguna coordinación con agencias ambientales del Gobierno.
No es sorprendente que nuestros recursos pesqueros se encuentren sobreexplotados y que desde el año de creación del Incopesca los desembarcos pesqueros en lugar de mejorar vengan en franca reducción. Mientras subsista el modelo erróneamente llamado “producción pesquera”, miles de familias en las costas se mantendrán en la pobreza extrema y su pesca disminuirá.
Para manejar los recursos pesqueros, se requiere una entidad pesquera con amplia capacidad para emitir criterios científicos sólidos, independiente de intereses empresariales y políticos y estrechamente coordinada con otras instituciones. Hasta que el país no cuente con una, seguiremos recibiendo ocurrencias teñidas de interés extractivista.
El autor es biólogo marino.
