EscucharEn mis 45 años de experiencia laboral en el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), he resaltado la aportación institucional a la salud pública y al desarrollo, pero también he sido crítico de sus debilidades.
Noto, sin embargo, persistentes acciones de la Intendencia de Aguas y la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) contra las finanzas y la gestión del AyA. Un ejemplo es el congelamiento de las tarifas durante el trienio 2020-2022, complementado con la propuesta de rebajarlas un 10,7 % a 783.867 abonados este año.
Entre los argumentos esgrimidos para justificar el ajuste, está la deficiencia en la ejecución de los proyectos. Por experiencia propia, reconozco que el intendente tiene razón.
Para ilustrarlo basta con citar la construcción del nuevo edificio del Laboratorio Nacional de Aguas, financiado con un préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica por $11,2 millones. Debido a incoherencias y deficiencias entre los profesionales asignados al desarrollo de la obra, las tres licitaciones públicas fueron infructuosas, es decir, un centro trascendental para atender las presentes y futuras contaminaciones ha sido retrasado durante más de 17 años. Lo mismo ocurre con otros proyectos, como el Orosi 2 y los sistemas de alcantarillado costeros y del área metropolitana.
Carece de razón, sin embargo, cuando afirma que el AyA creó una estructura organizativa paralela, al margen de lo aprobado por el Mideplán, donde alrededor de 100 unidades operan en cargos de jefaturas con un costo salarial de aproximadamente ¢4.580 millones anuales sin la debida justificación técnica.
Es incorrecto, porque no hay una resolución administrativa válida ni sentencia judicial que lo sustente; por el contrario, los puestos fueron aprobados por la Autoridad Presupuestaria.
Decir que es debido al 57 % del agua no contabilizada que el AyA cobra el doble en la tarifa a los abonados es ilógico, porque si el agua no se contabiliza al pasar por los hidrómetros no puede ser facturada. También yerra sobre la incapacidad del “AyA para poner medidores en tugurios”, pues simplemente es imposible hacerlo legalmente.
Al proponerse la disminución de la tarifa se desconocen las obligaciones del propio regulador, dadas por la ley de la Aresep, que en el inciso a del artículo 31 indica que se debe garantizar el equilibrio financiero para que el AyA pueda prestar sus servicios. De no ser así, se atenta contra uno de los más importantes determinantes de la salud pública, como lo es el suministro de agua potable.
El autor es microbiólogo y salubrista público, director del Laboratorio Nacional de Aguas del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA).
