EscucharEn irrestricto apego al guion de la posverdad, el presidente de la República me acusó, sin atreverse a decir mi nombre, de haber recibido nada más y nada menos que $732.000 “para hacerle propaganda a la construcción de una carretera”.
Una mentira como otras que se les achacan hoy a personas e instituciones decentes que cumplen su deber y hacen sus tareas. Es cierto que el mandatario no se atrevió a nombrarme directamente; sin embargo, al utilizar dos veces mi reconocida marca periodística de los últimos 20 años, me injurió, difamó y, probablemente, también me calumnió; aunque esto último aún no puedo asegurarlo debido a la acostumbrada ambigüedad de sus apariciones públicas, que suelen estar destinadas a confundir y no a esclarecer ni a informar.
El comunicado que dio cuenta del falso pago —repito— de $732.000 alude a una auditoría realizada entre enero y mayo pasado en el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi). Y yo pregunto: ¿Dónde está esa auditoría? ¿Por qué, si se refiere al uso de dineros públicos y fue pagada con fondos públicos, fue declarada confidencial?
En defensa de mi honor, exijo que ese documento sea público para verificar su seriedad, tanto como la autenticidad de las acusaciones que deriva el Ejecutivo de los supuestos hallazgos que contiene. No se vale tirar la piedra y esconder la mano, aunque esto se haya convertido en el modus operandi de las sesiones persecutorias de los miércoles.
De la misma manera, interpuse una denuncia ante la Contraloría General de la República en la que, como ciudadana, solicito que se involucre activamente en la investigación de los hechos que se me endilgan, ya que el manejo de los fondos públicos es un asunto de marcado interés general.
Ante esta afrenta de tergiversación y mala fe en mi perjuicio y, por supuesto, destinada nuevamente a menoscabar el ejercicio de la libertad de prensa, no voy a escatimar esfuerzos para establecer sin lugar a dudas la corrección de mi comportamiento.
Para ello, mis abogados evalúan todas las acciones judiciales posibles en contra de quienes indistintamente de su rango o filiación se han dedicado a intentar sin éxito destruir mi reputación de 40 años de ejercicio profesional.
Yo no acepto normalizar el amedrentamiento como moneda de curso de la convivencia democrática y no acepto que el presidente Chaves y el ministro Amador me señalen de falsas incorrecciones y que insistan en normalizar la perversa táctica de acusar sin fundamento para obligar a revertir la carga de la prueba. Ellos acusan y luego las víctimas de sus ataques arteros tenemos que salir a demostrar nuestra inocencia.
Pero no nos engañemos. Esto va más allá de mi trabajo como periodista y asesora en comunicación estratégica. Por eso, precisamente, es que el presidente aseguró que yo recibí indebidamente recursos para repartirlos, como si fuera una piñata, a otros medios de comunicación. En sus propias palabras “se compraba el beneplácito de algunos medios de prensa”. Una vez más: falso y malintencionado.
Qué vergüenza. Demeritar así la investidura del cargo simplemente porque se resiste el fragor en democracia de una prensa deliberativa, independiente, honesta, que no está dispuesta a ceder al amedrentamiento, así sea pagando el precio inmenso de la destrucción de lo más valioso que atesoramos los ciudadanos honestos, que es nuestra reputación.
La autora es periodista.
