EscucharAlfonso Carro, virtuoso político y jurista del siglo XX, afirmó que la creación del sector de economía laboral fue la idea política más fecunda surgida durante la década de 1970 en Costa Rica. Es una apreciación justa.
Tal idea tiene como padre a un viejo quijote de nuestro entorno: Francisco Morales Hernández. Don Chico –como le decimos sus amigos– es parte de una generación de líderes que forjaron sus sueños al abrigo del concepto cristiano que el trabajo es la más excelsa vía de dignificación humana.
En el mundo antiguo –hasta la irrupción de la cristiandad–, el trabajo era visto como algo indigno. En su obra De officis , Marco Tulio Cicerón recordaba que trabajar diariamente para ganarse la vida no era algo decente para un hombre libre. Por ello, el concepto del trabajo como algo honroso ante los ojos de Dios fue otro de los muchos conceptos que hicieron colisionar al mundo antiguo contra los valores de la revelación cristiana.
Siglos después, conforme fue evolucionando el fenómeno socioeconómico, la idea cristiana del trabajo y la propiedad se fue perfeccionando. Prueba de ello es la encíclica Rerum Novarum , del papa León XIII. Esta carta introdujo el ideal de la economía social, la cual –por la vía del trabajo digno–permitiría transformar gradualmente la sociedad de proletarios, en una de propietarios.
A partir de dicha encíclica, el mundo occidental conocería la irrupción de los movimientos sociales inspirados en ella. Costa Rica no fue la excepción y prohombres, como monseñor Víctor Sanabria o el presbítero Benjamín Núñez, marcaron una generación de políticos costarricenses que lucharon por el ideal de la economía social y laboral.
Democratizar la economía. Pues bien, desde principios de aquella década de 1970, don Francisco ha venido promoviendo su idea de un sector de economía laboral, al punto que –me atrevo a afirmarlo– su vida la ha entregado a tal ideal.
El concepto de economía social es, esencialmente, la de un capitalismo con la misión ética de democratizar la economía. Capitalismo cuya función primordial es el acceso de los trabajadores a la propiedad.
Un siglo después de la encíclica Rerum Novarum , esta visión cristiana de la economía fue profundizada por el papa Juan Pablo II en la encíclica Laborem Excercens, la cual escrutó con mayor alcance otro concepto: el de la copropiedad.
Dicha visión económico-social parte de tres premisas o supuestos filosóficos: el ideal cristiano de que el trabajo humano es preeminente y digno, la voluntad de democratizar la propiedad como un paso necesario para el desarrollo humano y la vocación de organización y participación popular como un objetivo en sí mismo.
De ahí que movimientos y entidades esencialmente capitalistas, como el cooperativismo, el solidarismo, las organizaciones mutualistas, las sociedades anónimas laborales, las cajas de ahorro y préstamos, las juntas administradoras de pensiones, las sociedades gremiales de servicios, las administradoras de fondos de cesantía y algunas entidades públicas como el Banco Popular o la Sociedad de Seguros del Magisterio Nacional, no solo deben cumplir un objetivo económico, sino también uno social.
Este objetivo está orientado por los principios de primacía de la persona sobre el mercado, el servicio solidario sobre el lucro, la creación de empleo, la inclusión laboral de los marginados, la creación de nuevas formas empresariales con participación de trabajadores en la renta, el fomento del ahorro entre la clase trabajadora, y, finalmente, la quiebra del concepto maniqueo de “empresa privada-sector público” para introducir un concepto económico de tres sectores: el Estado, los empresarios privados y la economía laboral.
Cuantioso aporte. Si sumamos el conjunto de los recursos de dichos movimientos sociales e instituciones del sector de economía laboral ya citadas, tenemos que estas aportan nada menos que el 32% del PIB con recursos estimados en más de $20.000 millones. Sin embargo, por no existir un marco legal coherente para el sector, no existe la posibilidad de que tales fondos se orienten a inversiones tan seguras y rentables como la infraestructura pública. Para comprender el concepto, un ejemplo basta: solamente una entidad del sector de economía laboral –como lo es Jupema– podría haber financiado los $1.000 millones en los que se ha valorado la ampliación de la pista a San Ramón.
Si bien es cierto Costa Rica tiene un sector de economía social y laboral pujante, este se encuentra sin una base legal coherente que le dé marco y rectoría. Está esencialmente fragmentado, desarticulado y excluido como parte integral de una visión de país. De ahí que don Chico Morales –con la colaboración de la diputada nicoyana Marta Arauz y su despacho– elaboró un proyecto de Ley Marco de Economía Laboral y Social, el cual fue presentado en días recientes a la corriente legislativa. Estoy convencido de que esa será, si no la más, al menos una de las iniciativas legislativas más importantes en este cuatrienio.
El objetivo de fondo de este proyecto legislativo es el de establecer uniformidad organizativa y coherencia rectora al sector, de tal forma que se le permita, además, ofrecer sus recursos para la diversificación de inversiones en infraestructura pública de autopistas, ferrocarriles, aeropuertos, puertos y vivienda para trabajadores.
Sin crear más burocracia, transforma el actual Banco Popular y de Desarrollo Comunal en un banco del sector de economía laboral y social, libre de las exigencias de la Sugef que han hecho del crédito un privilegio de pocos y establece un plazo de cinco años para que el actual Banco Popular haga efectivo el cumplimiento de las obligaciones que establecen el derecho a la copropiedad de los trabajadores en la propiedad de dicho Banco.
Es un proyecto de ley en la dirección histórica correcta. En el orden de un Estado rector, no burocrático, que procura que la solución de los problemas venga desde la sociedad civil mediante un régimen de organización no burocrático, ni estatizado.
Una iniciativa de ley que ataca frontalmente la regulación excesiva, privilegiando la libertad y las decisiones éticas de los ciudadanos. Que busca la solución de los problemas sociales no desde el estatismo burocrático, sino a partir de la estimulación de la participación activa de la sociedad civil. Sin duda la idea fecunda de una vida fecunda.
El autor es abogado constitucionalista.
