EscucharSociedad que huele a quemado. Nuestra sociedad y sistema político están frenados desde hace muchos años. Escribía en 1997: “Todos aplicamos acelerador y freno al mismo tiempo, acelerador para alcanzar nuestros objetivos con la mayor brevedad, y freno para bloquear a los demás. Freno y acelerador aplicados por diferentes actores, dependiendo del tema. El resultado es una extraña situación: una sociedad frenada, y con olor a quemado, pero cambiando aceleradamente. Nadie tuvo la fuerza para imponer todo su programa.
Buscar salidas. En este periodo se rompieron las viejas formas de reparto de las posesiones (riqueza, ingresos) y posiciones (poder y direccionamiento de las políticas). Con ello se abrió un periodo de pulsos crecientes entre sectores, cuya primera víctima fue el sistema político bipartidista, aunque no fue la única consecuencia, otras se dieron como el conflicto social de fondo y una aguda polarización social en algunos periodos. La necesidad de un acuerdo entre nosotros es clara.
Ahora bien, no han sido pocos los esfuerzos por lograr acuerdos para salir del impasse, en algún tema o en muchos, y se han desarrollado en diversos escenarios y con diferentes combinaciones de actores y reglas. Permítanme, entonces, presentar desde mi perspectiva de participante en tres de ellos: foro Un Acuerdo Nacional Razonable, Concertación Nacional y Acuerdo Nacional entre partidos con representación legislativa.
El foro Un Acuerdo Nacional Razonable fue convocado por el presidente de la República a finales de setiembre de 1994 para conocer la situación fiscal del país. Fueron convocados partidos políticos y diversos sectores sociales para discutir los temas, se recogieron un conjunto de apreciaciones. Luego, sin invocar fidelidad al foro, fueron presentadas dos reformas de ley en materia fiscal. Este foro facilitó una urgente reforma fiscal, la última reforma fiscal aprobada en los últimos 25 años.
Al final de este foro, como coordinador de una de las mesas de trabajo, presenté una reflexión que fue publicada. Entre otras cosas afirmé: “En general, es difícil concebir una convocatoria a concertar sin un propósito firme y serio de realizar el ejercicio a fondo. Los riesgos y costos políticos de realizar tretas, en tales ocasiones, son muy amplios y graves. No es simple pensar que como táctica se pueda reunir a todos los posibles adversarios de una iniciativa para proceder a engañarlos: la sorpresa momentánea se convertiría rápidamente en reforzamiento de la hostilidad y en elemento de cohesión de todos los contrarios”.
Concertación Nacional (1998). El gobierno de Miguel Ángel Rodríguez, al tomar posesión y de manera solemne, llamó a la concertación e instauró una comisión para organizarla. Para mi sorpresa, la comisión colocó como epígrafe de su informe mi reflexión sobre los riesgos y costos políticos de emplear tretas cuando se convoca a concertar (verla arriba). A mediados de junio el presidente firmó un decreto ejecutivo que reglamentó el Proceso de Concertación Nacional e integró la mesa coordinadora.
Una regla de la concertación establecía el consenso (unanimidad) como criterio de decisión, lo que eliminaba el tema de la correlación de fuerzas en las diferentes comisiones que operarían, pues bastaba con que hubiera un representante para que no se pudiera llegar a acuerdo. Así la mesa facilitadora integró las comisiones que conocerían 10 temas sin mayores observaciones de los participante. Nótese que esta regla daba confianza a los participantes; les otorgaba derecho a veto a todos y a cada uno de los participantes, a la vez que incentivaba la negociación.
Al finalizar el trabajo de las comisiones, los resultados eran muy favorables: más de 150 acuerdos y tan solo un puñado de desacuerdos: uno sobre la apertura de los seguros y otro sobre la apertura de las comunicaciones. Sobre la primera, los sindicatos se opusieron, aunque había escasa representación en la comisión sobre seguros.
Sobre la apertura de las telecomunicaciones, la discrepancia entre sindicatos y gobierno radicaba en el año de apertura (último de la administración Rodríguez, o primera del siguiente gobierno). En ambos asuntos, por lo demás cruciales, no hubo consenso, unanimidad.
Ante esto, la mesa de concertación cambió la regla de decisión establecida en la convocatoria: ya no sería unanimidad (consenso), sino que podría darse con un alto grado de acuerdo.
Quiebre. Lo que le había dado credibilidad al proceso se estaba rompiendo. Traté de advertir a la mesa y al propio presidente sobre las consecuencias de un cambio de regla en los días previos a la reunión de plenario que ratificaría los acuerdos de las comisiones. Era fácil prever el retiro de algunos y el impacto en la posibilidad misma de concertar en el futuro. No estoy seguro, pero tuve cierta evidencia de que el presidente quiso rectificar esa decisión.
Lo cierto es que se mantuvo el cambio de regla, varios actores se retiraron del proceso y luego tanto la Junta de Mediadores como la Comisión de Verificación no avalaron este cambio.
Algunos meses después, el gobierno presentó el Combo del ICE como un resultado de la Concertación Nacional. Así la sorpresa momentánea se convirtió rápidamente en reforzamiento de la hostilidad y en elemento de cohesión de todos los contrarios. Siguieron forcejeos en la Asamblea Legislativa, de seguido estos se desbordaron a la calle. El gobierno resultó el derrotado, se aisló incluso del organismo de cámaras empresariales y tuvo que darse una negociación y una salida negociada a una crisis social muy amplia y beligerante.
La treta descarriló lo que con buena voluntad y juego limpio pudo ahorrarle al país nuevas polarizaciones y largos años de estancamiento en las decisiones. Quedó también fundamentada la desconfianza en los llamados a concertar.
Luego de la concertación todos los sectores de sociedad civil organizada consensualmente llegaron a proponer un mecanismo de diálogo institucionalizado que restableciera la confianza, un Consejo Económico y Social. No prosperó el proyecto de ley.
Acuerdo Nacional. El Acuerdo Nacional entre partidos con representación legislativa se inició en el 2016 con un llamado y con la selección de una mesa facilitadora de dos integrantes, uno de ellos, quien escribe este artículo. No sin las experiencias previas en mente, los facilitadores propusimos una visión, esbozamos un proceso, las normas de conducta y la reglas de decisión.
Una central fue sobre la manera como se tomarían los acuerdos: estos se adoptarían por doble mayoría calificada de partidos y de peso en el legislativo (al menos 6 de 9 partidos y el apoyo de los partidos que llevaron al menos el 67 % de los diputados elegidos en el 2014).
El veto se podría ejercer al final del proceso y solo si era apoyado por al menos un tercio del peso de los diputados elegidos en el 2014. Estas fueron las reglas pétreas que se aceptaron y se respetaron durante todo el proceso y dieron confianza. Permitieron 59 acuerdos en los temas seleccionados por los partidos, también produjeron asuntos que no obtuvieron doble mayoría calificada y por lo tanto fueron rechazados.
Este acuerdo tiene el reto de la inclusión de otros partidos no representados legislativamente y de la sociedad. Por cierto que el Consejo Económico y Social figura ente los acuerdos.
Mis tres conclusiones. i) Convocar y engañar no sirve, pues las tretas políticas se pagan caro. ii)Es mejor aprender de las dificultades y errores del pasado. iii) El diálogo social, si se quiere que sea creíble, hay que institucionalizarlo para que no dependa de la decisión y cambios de quien convoca.
El autor es economista.
