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Haciendo una recapitulación de los problemas que más deben preocuparnos y ser prioridad al iniciarse esta nueva década es esencial prestar atención a la violencia doméstica contra la cual seguimos luchando.
El año pasado fueron detenidas 18.205 personas por esta causa, en promedio, 50 al día; un dato escandaloso. Cuando se compara con el 2019, en el 2020 hubo un crecimiento del 12 %, es decir 1.953 más.
Si junto con las aprehensiones se analizan los hechos reportados al sistema de emergencias 911, un estimado de 39.500 llamadas para denunciar algún tipo de agresión (una cada 13 minutos), es lógico imaginar la gran cantidad de ataques que nunca son denunciados y forman parte de la cifra oculta.
Sumemos otro dato pavoroso: solo en el 2020 la policía decomisó 103 armas de fuego en los lugares donde se reportó violencia intrafamiliar.
Tanto por la modificación del reglamento de la Ley de Armas y Explosivos, en el 2018, como por la aprobación de una enmienda parcial de la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres, esas armas serán destruidas, no serán devueltas al agresor, como sucedía hace solo dos años.
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Feminicidios. Los datos del Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres y Acceso a la Justicia del Poder Judicial también son alarmantes.
En el 2019 (último año con datos completos) ocurrieron 152 tentativas de feminicidios. En el 2020 la Fuerza Pública dio seguimiento a 3.316 mujeres que, por orden judicial o administrativa, se consideró que necesitaban apoyo extraordinario policial.
Aún más, las primeras semanas del 2021 nos recuerdan la extrema violencia con la que conviven no pocas mujeres diariamente, y es largo el camino aún por recorrer. La oficial Kimberly Suárez evitó un feminicidio, pero en el acto, el 9 de enero, resultó herida.
En el Sistema Nacional de Prevención y Atención de la Violencia contra las Mujeres, coordinado por el Inamu, varias instituciones —incluido el Ministerio de Seguridad Pública— unen esfuerzos enfocados en prevenir las distintas manifestaciones de la violencia de género.
A pesar de las cifras tan angustiantes expuestas, el 2019 y el 2020 fueron los años con menos feminicidios desde que se llevan registros en Costa Rica, y vale la pena resaltar la sistemática reducción de los feminicidios tipificados en el artículo 21 de la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres, prueba de que las iniciativas han rendido frutos. Aun así tenemos algo muy claro: el único número aceptable en esta materia es el cero.
Protección de las mujeres como política pública. En los albores de un año electoral, y esperemos también el pronto final de la pandemia, este problema social debe ser aspecto central en todo proyecto político.
Atender los daños estructurales a consecuencia del aislamiento social producto de la covid-19, defender el presupuesto de las instituciones públicas que llevan adelante estas políticas, ampliar la definición del feminicidio punible en la normativa y homogeneizarlo con lo dispuesto en la Convención Belém do Pará y defender la existencia misma del Inamu son retos que deben estar en el debate público y tener primacía en la década que arranca.
El autor es viceministro de Seguridad Pública.
