EscucharEn apariencia la ley de creación de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) le da amplias facultades, exclusivas y excluyentes, en materia tarifaria para que ejerza sus potestades y prevenga fenómenos como el denominado “captura de la Autoridad Reguladora”.
En estos días estamos viendo, y sufriendo, ya no una captura de la Aresep, sino la sustitución por la Contraloría General de la República (CGR).
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En un informe de setiembre del 2019, la CGR dice a la Aresep qué tiene que hacer, cómo y cuándo en materia tarifaria relacionada con la generación privada, so pena de que sus funcionarios sean sancionados si no acatan ese mandato.
La Aresep, en diversos escritos y manifestaciones, resalta que la ley, así como la jurisprudencia administrativa y judicial, establece su autoridad en materia tarifaria, y considera el informe y las disposiciones de la Contraloría una intromisión impropia e ilegal en sus potestades exclusivas y excluyentes. Sin embargo, debe acatar sus mandatos debido a la capacidad sancionatoria de la CGR.
La Aresep no resuelve una fijación tarifaria a regañadientes, como tituló La Nación el lunes 30 de agosto, sino coaccionada, bajo amenaza de procesos disciplinarios y con la presión de efectuar un acto con criterios externos que, reiterada y expresamente, la Aresep califica de ilegales. Y eso tiene consecuencias.
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Esas actuaciones emiten señales muy nocivas para la promoción de nuevas inversiones en un momento cuando tanto lo necesita el país para la reactivación económica, pues se liquida la independencia de las agencias reguladoras y el señorío del marco legal.
Frente a este allanamiento de competencia, vale preguntar, entonces, ¿para qué tener una Aresep si la decisión es de la CGR?
La forma de tener una tarifa eléctrica sin intervención directa del Estado es por medio de un mercado en competencia.
Es preciso una reforma que agilice y traslade los beneficios a los usuarios y permita una participación equilibrada en el mercado energético.
Mientras la reforma no se materialice y los precios no se fijen en un mercado competitivo, el encargado de definir las tarifas de la energía es la Autoridad Reguladora. Su sustitución, impropia e ilegal, solo produce incertidumbre, inseguridad jurídica y litigios.
El autor es presidente de la Asociación de Productores de Energía (Acope).
