EscucharEnfrentados como país al bono demográfico, se han perdido décadas significativas. Se calcula que en 1966, por cada 100 personas con edades entre los 15 y 64 años (población económicamente activa), había 104 menores de 15 años y mayores de 65 (población dependiente).
En 1990, la cifra era de 68,3 dependientes y, en el 2017, bajó a 44 dependientes por cada 100 personas económicamente activas.
A partir de entonces, la relación empezó a revertirse, lo cual significa que, si bien todavía hay un espacio limitado para el aprovechamiento de este bono, conllevará un gran esfuerzo para mejorar la calidad de la educación y la salud, fundamentalmente, porque son los más jóvenes quienes están enfrentando condiciones seriamente adversas, las cuales, de no cambiar, estarían condenando el país al fracaso.
De acuerdo con la más reciente encuesta continua de empleo, en el último trimestre del 2019, el desempleo entre los jóvenes de 15 a 24 años fue un 34,1 %, 144.000 no estudian ni trabajan y solo 1 de cada 10 pobres cursan estudios superiores.
Por otro lado, el porcentaje de personas de 15 a 24 años ocupadas en empleos informales alcanza el 47,1 %, lo que se traduce en poca estabilidad, malos salarios, sin cobertura de la seguridad social y sin aporte a un fondo de pensiones. Son empleos precarios. Se calcula que alrededor de 400.000 jóvenes llegarán a la edad de retiro sin un respaldo jubilatorio, pues el 26 % con edades entre los 15 y 34 años no cotizan para ningún régimen.
Debe hacerse más por ellos. Además, el 66 % del total de desempleados tienen menos de 34 años y el 64 % no terminó la secundaria, lo cual se agrava por la severa crisis de deuda que Costa Rica y el resto de América Latina tuvieron en los ochenta, conocida como “la generación perdida”.
La ortodoxia económica, enraizada hace tres décadas, instó a los países latinoamericanos a emprender reformas de mercado que hasta el momento no han cumplido sus promesas, pero sí han profundizado la desigualdad, afirma José Antonio Ocampo, presidente de la Comisión de Políticas de Desarrollo de las Naciones Unidas.
En salud, el panorama tampoco es halagador, solo el 33 % de los adolescentes tienen cobertura de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y, en consecuencia, problemas complejos son desatendidos. Ejemplo de esto son el sobrepeso y la obesidad, que padece un 30 % de ellos.
Un estudio del 2018, liderado por el Ministerio de Salud, con participación del Ministerio de Educación y la CCSS, reveló que el 20 % de los adolescentes toman bebidas con azúcar dos o más veces en el día, el 26 % solo come frutas una vez a la semana y el 20 % ingiere vegetales únicamente una vez a la semana.
Una investigación nacional en adolescentes escolarizados de la Clínica de Adolescentes del Hospital Nacional de Niños, llevada a cabo en el 2015, encontró que el 45 % de los adolescentes consumen comida chatarra más de tres veces cada semana.
Todo lo anterior lleva a que 1 de cada 5 adolescentes y 1 de cada 4 personas de 19 a 35 años sean prediabéticos. El resultado final es que un 12 % de la población en general es diabética.
Muerte temprana. Datos de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud señalan que los suicidios han tenido un incremento significativo en los últimos cuatro años, especialmente en el grupo de jóvenes entre los 15 y 19 años. De 60,9 por cada 100.000 habitantes pasó a 111,1 en el 2018.
Relacionado con lo anterior, información de la CCSS del 2017 y el 2018 muestra un incremento en el número de menores de 39 años que ingresan a servicios de salud víctimas de lesiones autoinfligidas. En el 2017, hubo 5.088 atenciones y, en el 2018, subió a 20.773.
A pesar de toda esta evidencia y de las carencias en salud generales para los adolescentes y jóvenes, la CCSS continúa sin dar respuestas adecuadas de atención y prevención.
Pero eso no es todo, entre el 2015 y el 2018, fueron asesinados 1.042 muchachos entre los 18 y los 30 años, lo cual representa el 47 % de los asesinados en ese período.
En cuanto a muertes en accidentes de tránsito, quienes están entre los 21 y 30 años son las principales víctimas; alrededor del 34 % del total.
Recientes declaraciones del ministro de Seguridad Pública dejan ver que la gran mayoría de las víctimas mortales, así como los ejecutores de los homicidios, están entre los 18 y los 30 años.
Por otro lado, del total de encarcelados, el 44 % tiene menos de 30 años y el 80 % no ha terminado la secundaria.
La situación es de suma gravedad. Propuestas para hacer cambios existen, lo paradójico es que, conociendo la situación, las acciones son de bajo impacto y lejanas a las necesidades inmediatas.
El autor es médico pediatra.
