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Después de 40 años ligado laboralmente a la función pública y siguiendo el peregrinar de las siete versiones, en dos años, del proyecto de ley de empleo público, creí estar curado de espantos, pero los recientes acontecimientos —ocurrencias, más bien— le quitan la paz a cualquiera.
La intención de los sindicatos y sus adláteres es enterrar o descarrilar la iniciativa, ya sea archivándola o llenándola de bazofia, a tal grado que la gente piense que lo mejor es descartarla.
Es la misma estrategia utilizada desde 1992. Los mismos métodos, las mismas mañas, los mismos actores.
El borrador más serio fue el presentado por el Ministerio de Planificación (Mideplán), en febrero del 2020, conocido como primer texto sustitutivo.
A partir de ahí, es vox populi que el texto fue entregado a algunos sindicatos, que llegaron al colmo de convertir la tercera y cuarta versión en una especie de convención colectiva docente.
Denunciada la maniobra, pasaron a eliminar todo ese amasijo de expediente, pero, a cambio, insertaron un «inocente» párrafo en el artículo 4, titulado Principios rectores.
En el inciso f, correspondiente al principio de negociación colectiva, dice: «El derecho de negociación colectiva corresponde a las personas empleadoras y trabajadoras o a sus respectivas organizaciones, de conformidad con el artículo 62 de la Constitución Política, el Convenio n°. 98 de la OIT…».
Ocultan que el mencionado convenio, sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 número 98, en el artículo 6 dice todo lo contrario: «El presente Convenio no trata de la situación de los funcionarios públicos (sic) en la administración del Estado y no deberá interpretarse, en modo alguno, en menoscabo de sus derechos o de su estatuto». Se atrevieron a insertar una mentira con el propósito de descarrilar el proyecto.
Ahora resulta que un grupo de diputados reniega de lo que ellos mismos visaron hace dos años: establecer una rectoría política del empleo público a cargo del Mideplán, y pasan a aprobar una moción para que esta quede en manos de la Dirección General de Servicio Civil —entidad técnica, por cierto, financieramente quebrada— y dizque para que no tenga la injerencia política propia de un ministerio, dependerá de la Asamblea Legislativa.
El burro hablando de orejas. La Contraloría General de la República advirtió en el 2009 que la existencia de una rectoría política en materia de empleo público debía constituir un elemento fundamental de análisis y decisión gubernamental que en el futuro cercano tendría que plantearse el Estado, en la búsqueda de mecanismos ágiles de gestión que permitieran hacer más eficiente la función pública (informe DFOE-PGAA-4-2009).
Estaba clarísimo; sin embargo, costó mucho que se entendiera el concepto. Para el exministro de Cultura Carlos Francisco Echeverría, la rectoría es una función política de gobierno, que solo puede ejercer de forma legítima y eficaz el Poder Ejecutivo, es decir, el presidente de la República con el ministro del ramo, por medio de decretos y directrices. No es una función técnica ni administrativa, sino estratégica. En la rectoría se materializa la autoridad que el pueblo delegó en su gobernante, y que este ejerce junto con sus ministros.
Origen del desastre. Un antiguo estudio de la Dirección General de Servicio Civil demuestra que prácticamente no existe rectoría en Costa Rica, y esa es la causa del desastre que tenemos.
Las opciones eran empoderar al Mideplán y al Ministerio de Hacienda o transformar el Mideplán en un ministerio de la función pública, a la usanza de España, Italia, República Dominicana y otros. En los dos primeros casos, daría lugar a un viceministerio técnico, que absorbería al actual Servicio Civil y a la Autoridad Presupuestaria.
La ocurrencia de dejar la rectoría en manos de la Asamblea Legislativa es inconstitucional, inconveniente y contraria a las mejores prácticas contra la corrupción en la función pública, y sin duda pretende esconder el interés de controlar una de las más ricas vetas de politiquería global, a saber, la contratación del personal público.
Aparte de eso, ya habrá algunas personas que manejan la manera de acomodarse en el cargo gerencial que se crearía, con salario similar al del contralor o la contralora general de la República. ¿Por qué no? El que menos corre alcanza un venado.
El autor es exdirector de Servicio Civil.
