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Somos un país democrático y, por ende, muchos de nosotros tenemos absoluta conciencia de que debemos respeto a la legislación.
Por ello, no debemos dejar pasar lo ocurrido en la Asamblea Legislativa el 10 de febrero, durante la comparecencia del presidente de la República en un acto que, a mi juicio, es inconstitucional, porque la sesión celebrada, sin lugar a dudas, fue una interpelación, que no está consignada en la carta magna, pues el texto, taxativamente, establece cuáles son los funcionarios que pueden ser sometidos a tal trámite, y dentro de ellos no se encuentra quien desempeña el más alto cargo público en nuestro Estado de derecho.
El hecho fue, por ende, un exceso de la Asamblea Legislativa, que, por lo demás, es un asunto que ya se encuentra en sede judicial, de manera que en este caso se conjugan los tres poderes de la República, los que, constitucionalmente, tienen bien determinadas sus funciones y atribuciones, y no deben traslaparse ni tampoco ser asumidas indistintamente por cualquiera de ellos, pues, claramente se sabe cuáles son exclusivas de cada poder.
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Características. Ser un padre de la patria tiene entre sus características asumir ante los hijos una actitud que engloba inculcar, entre otros principios y valores, el respeto, la seriedad en las actuaciones, la responsabilidad y la honestidad, principios que, a su vez, entrañan un sinnúmero de actitudes que orientan el rumbo de los ciudadanos hacia el buen vivir.
Si se trata de los llamados padres de la patria, tales principios y valores son el estandarte que los integrantes de la Asamblea Legislativa deben enarbolar en todas sus actuaciones, ya que deben garantizar, y así lo espera la ciudadanía, que la patria esté bien representada, que quienes conforman el Poder Legislativo sean personas dignas de haber recibido ese honor que, a través del voto, les fue conferido.
Lamentablemente, esa representación estuvo ausente en la audiencia a la que me refiero. Aparte de lo que considero poco acertado en el actuar de la comisión investigadora, hubo exabruptos impropios de quienes nos representan y, entre otros deslices que se cometieron, destaco dos de los más deshonrosos.
Uno lo protagonizó el diputado Dragos Dolanescu, quien en un recinto que debe ser sagrado para nuestro país y en una sesión que trataba un asunto de gran seriedad, como si se encontrara en un bar u otro lugar de reunión social, lo primero que hizo fue amenazar al mandatario.
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No me refiero expresamente a la persona de Carlos Alvarado, sino a la investidura. Creo que el diputado Dolanescu trató de lucirse, no con una sesuda participación, sino, tal y como él mismo públicamente lo manifestó, mediante la chota y bromas de mal gusto, con la grosería que caracteriza a las personas de baja ralea.
La segunda vergonzosa intervención fue de la diputada Franggi Nicolás, quien dos veces lanzó el lápiz que tenía en las manos contra los documentos que estaban en la mesa, y a gritos acusaba al presidente de haber cometido un delito y solicitaba a la presidenta de la comisión que constara su petición.
Su actitud es inaceptable. Su criterio puede externarlo, pero no dejar de lado el recinto donde se encontraba. Después de tan desafortunado comportamiento, termino con el adagio «la mano fuerte no es incompatible con el guante blanco».
La autora es abogada.
