Escuchar«Si la realidad de Puntarenas continúa así, aquí se va a armar una matacinga terrible… si no hacemos algo, esto se puede descomponer más de la cuenta», advirtió recientemente el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Walter Espinoza.
El alto funcionario considera que el aumento de la tasa de asesinatos en el Puerto —de 11,5 por cada 100.000 habitantes en el 2015 subió a 30,7 el año pasado— se debe a que las circunstancias sociales y económicas no son halagüeñas para los puntarenenses.
Los homicidios atribuidos a ajustes de cuentas por drogas —cuyas víctimas son niños y jóvenes— así como los delitos contra la propiedad, la venta y consumo de drogas, hurtos, violencia intrafamiliar, agresiones, posesión ilegal de armas de fuego, etc., llenan a diario de angustia e incertidumbre a los residentes en Chacarita, El Roble y Barranca.
El temor, la impotencia y la desesperanza les hace augurar un aciago porvenir si no se actúa con prontitud y eficacia.
En otras ocasiones he afirmado que Puntarenas ha sufrido durante muchos años el abandono y los efectos negativos de un injusto esquema de desarrollo que fomenta la desigualdad con respecto a la región central y que la iniquidad de esta errónea visión del desarrollo se constata con la documentada disparidad entre el desarrollo y el bienestar alcanzados por algunas regiones y el retraso y la penuria en que otras permanecen sumidas.
Cambio de modelo. Acabar con esta desigualdad es una deuda que el país tiene y es un reto que debe enfrentarse a corto plazo con un replanteamiento del esquema de desarrollo para concretar la mayor inversión pública en las provincias más rezagadas.
Los graves problemas de los puntarenense se deben a la desatención del Gobierno Central y a las limitaciones e inoperancia del local, así como también a la negligencia de las instituciones del Estado para formular políticas públicas, planes y programas que favorezcan su desarrollo.
Cabe señalar, la incapacidad para invertir en infraestructura, educación y salud, de manera que aumenten las inversiones privadas para dinamizar la economía, crear empleos y reducir la pobreza.
La postración económica y la carencia de oportunidades de trabajo —la tasa de desempleo es de las más alta del país— son, sin duda alguna, los principales problemas, puesto que engendran indeseables y devastadores flagelos, como la pobreza, la desnutrición infantil, la prostitución y drogadicción en los jóvenes.
Otro tratamiento. El serio problema de la criminalidad, informado por el jerarca del OIJ, si bien requiere ser tratado con fuertes medidas correctivas y acciones policiales para proteger a la ciudadanía, la solución o, por lo menos, la mitigación precisa un abordaje integral.
El presidente, Carlos Alvarado, se comprometió con las regiones periféricas en su informe de labores del primer año.
«Tenemos la deuda histórica de llevar las mismas oportunidades y disminuir las desigualdades entre las distintas regiones. No podemos dejar atrás ningún territorio ni a ninguna persona», señaló en aquella oportunidad.
En esa ocasión, designó a personas de su confianza —los dos vicepresidentes, ministros y la primera dama— como «los responsables de la gestión política para revertir la situación económica y social en esas zonas—, quienes evidentemente no han cumplido la labor encomendada.
El incremento de la delincuencia del que nos informa el OIJ indica que poco o nada se ha hecho en beneficio de una región que, como la puntarenense, esperaba acciones concretas, y no solo promesas.
El mar de problemas que ahoga a Puntarenas debe ser atendido con prontitud para prevenir la matacinga terrible que nos vaticina el director del OIJ.
El autor es exembajador.
