La presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Marta Esquivel, anunció el 7 de noviembre la introducción del copago en los servicios de salud para controlar las listas de espera, como parte de la Ruta de la Salud.
Si bien aún no hay un plan claro, debido a la falta de estudios técnicos y planes operativos, de materializarse, el copago representaría un parteaguas en la historia de la seguridad social.
El pago parcial siempre ha estado sobre la mesa, pero ha sido descartado. Aun en el contexto de la reforma sanitaria entre 1986 y 1994, la Junta Directiva de la CCSS rechazó que el asegurado aporte una cantidad más allá de las cuotas obrero-patronales.
Según las actas de la Junta, entre 1986 y 1990, se discutió la posibilidad de un pago extra generalizado para evitar la policonsulta y desincentivar el ausentismo en las citas.
En esa ocasión, la Junta, dirigida por Guido Miranda, reformador de la seguridad social costarricense, rechazó hacer cambios mediante el copago, basándose en experiencias internacionales, por cuanto evidenciaban que las personas de menos ingresos eran las más afectadas, pues, debido a su carencia de recursos, dejaban de acudir a los servicios médicos, con los consecuentes problemas para el sistema.
Con el fin de reducir las listas de espera por una operación ambulatoria, a finales de la década de los ochenta (1.200 pacientes), la Junta Directiva analizó la opción de dar un porcentaje del costo del procedimiento quirúrgico a pacientes que pudieran pagar en clínicas privadas el resto.
En esa ocasión, también se descartó, pues, como señaló el director Roberto Quirós Coronado, la medida creaba dos tipos de población asegurada: una de primera y otra de segunda categoría.
Nuevamente, en el 2023, el copago es planteado como medida para controlar las listas de espera, que en este momento ponen de relieve el limitado impacto de las políticas aplicadas por la Unidad Técnica para Listas de Espera y los efectos en los servicios de salud que se postergaron o no se brindaron por afrontar la pandemia.
A pesar de que en la práctica quienes perciben mayores ingresos han abandonado la atención primaria y con especialistas de la CCSS, recurriendo a pólizas de salud colectivas o individuales, instituir el copago en el reglamento institucional representa una ruptura radical con el principio de igualdad en la seguridad social y fácilmente podría crear un modelo donde las aseguradoras privadas terminen capitalizando el problema.
En términos de capacidad de planificación, la CCSS no cuenta con recursos materiales ni humanos para diseñar un plan de copago y pago por destajo viable operativa y financieramente.
En 1988, el doctor Brian Jarman, del servicio sanitario inglés, al evaluar el modelo de capitación, recomendó realizar cálculos para determinar el costo total de los servicios de medicina; no obstante, en el 2023, estos son escasos, imprecisos o no se usan para la toma de decisiones.
Probablemente, sea más eficaz concentrar la atención y el esfuerzo institucionales en las otras soluciones planteadas en la Ruta de la Salud como “inmediatas”, tales como maximizar el uso de la capacidad instalada de la CCSS, de la cual una parte significativa se encuentra ociosa, o concentrarse en la creación de metodologías para la redistribución de especialistas.
La coyuntura plantea un cambio en el concepto de seguridad social, lo cual abre una discusión de la que se han apropiado los grupos con intereses económicos, investidos en la CCSS como empleadora o compradora. Pero como sociedad, ¿qué tipo de sistema de salud queremos? Y, ¿de qué forma pueden las universidades contribuir a esta discusión?
La autora es historiadora.