EscucharLa no reelección del magistrado José Manuel Arroyo, juez independiente, intelectual, profesor y funcionario ejemplar, que por muchos años se ha distinguido como presidente de la Sala III, nos ha consternado.
Recordemos que, a finales del año pasado, de manera valiente defendió la independencia del Poder Judicial, ante la no reelección del magistrado Fernando Cruz, a quien acompañó, sin hacer cálculos políticos, en los momentos más difíciles para este Poder de la República, expresando por los medios de comunicación con vehemencia su clara oposición a este acto tan arbitrario; participó en la vigilia que se extendió hasta la madrugada, como uno de los pocos jerarcas que se hizo presente.
La Defensa Pública ha venido participando en muchos proyectos liderados por el magistrado Arroyo, en todos ellos el fin último ha sido mejorar y agilizar la administración de la justicia penal con un rostro humano.
Es muy lógico pensar que no siempre hubo total coincidencia entre su posición y la de la Defensa Pública, pero el respeto, la apertura al diálogo y la actitud democrática, han caracterizado su gestión.
En su liderazgo encontramos apertura para conocer y respetar la posición de la Defensa Pública, brindando los espacios necesarios para canalizar perspectivas técnicas que permitieran el respeto a los derechos y garantías para los usuarios y usuarias.
Fue evidente su preocupación por la inseguridad ciudadana durante los años 2008 y 2009 que existía en la sociedad costarricense; frente a esa realidad, logró buscar puntos de consenso, entre las posiciones distantes e intereses opuestos de la Fiscalía y la Defensa Pública para poner en marcha el Plan Piloto de Flagrancias, en el marco de la ley procesal vigente. Luego este proceso ágil fue modificado con el actual que incluye menores garantías para los acusados/as.
Pero la historia ha de reconocer que fue el magistrado Arroyo quien puso en marcha este procedimiento de flagrancia y dio los primeros pasos para dar a la ciudadadanía una justicia rápida y sin mayores atrasos.
Preocupado por los recursos y presupuesto en la justicia penal, visitó Casa Presidencial en compañía de don Luis Paulino Mora (q.d.D.g) y logró la asignación de un número mayor de funcionarios/as para lograr agilizar la justicia penal, implementado los tribunales de flagrancia que han dando agilidad, credibilidad y satisfacción a los ciudadanos costarrincenses, como un procedimiento novedoso. De igual manera participó como presidente de la Sala III en innumerables dictámenes que debía rendir Corte Plena ante la Asamblea Legislativa, con posiciones asertivas que siempre han respetando las garantías constitucionales de los ciudadanos.
Asumió la enorme responsabilidad de proponer las reformas legales para cumplir con el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la condenatoria en el caso Mauricio Herrera contra Costa Rica; en este desafío dio el espacio a la Defensa Pública para presentar sus observaciones.
Don José Manuel reconoció siempre el papel que juega la Defensa Pública en un sistema democrático, como parte de los frenos y contrapesos que requiere el sistema de justicia para funcionar en un Estado de derecho.
Por todo ello, honor a quien honor merece. El magistrado José Manuel: jurista intachable, sensato, ecuánime, de profundas convicciones éticas y humanas y otras innumerables virtudes, deja su silla como presidente de la Sala III, sin que el país conozca las razones, las misma falta de razones que reprochamos hace unos meses cuando exigimos a la Asamblea Legislativa explicar a quienes defendimos la continuidad del magistrado Fernando Cruz.
Costa Rica cambió la solidez, ya que no pueden tener legitimidad estas decisiones tan importantes que carecen de fundamentación y transparencia.
